Argentina Actual

Desde el año 2007 cuando el mexicano Ángel Remigio González y González, apodado “El Fantasma” se hizo cargo de Telearte S.A., la licenciataria de la frecuencia que emite Canal 9, los trabajadores venimos sufriendo una política empresaria de vaciamiento. No solo por la falta de producción propia, sino también por la reducción de puestos de trabajo que esto genera
Durante el período 2008 – 2010 se fueron con retiros voluntarios más de 100 compañeros/as. Estos retiros fueron seudovoluntarios porque Recursos Humanos llamó reiterativamente al 80 % de los trabajadores aproximadamente para arreglar dinero e irse de la empresa.
Con la nueva Ley de Medios de Comunicación Audiovisual el panorama no cambió mucho. La empresa buscó ajustarse con pequeños cambios que básicamente consistieron en extender la duración de los pocos programas de producción propia como Viviana Canosa, Bendita TV y Telenueve. Por otro lado incorporó coproducciones como Duro de Domar, TVR o bajada de línea; lo cual no es generación de contenido propia del canal. Y en 2011 incorporó Paka Paka y proyectos INCAA TV, de producción externa al canal.
El canal consta de 8 estudios prácticamente inutilizados salvo para emitir al aire. El acoso laboral y daño moral se arrastran desde hace 5 años mediante la indiferencia y el desinterés por producir y dar tareas al trabajador, por crear y aportar a la construcción de nuestra identidad. Los actores no trabajan más en el canal y se desprecian décadas de profesionalismo convirtiendo a los trabajadores en un legajo
de carpeta vieja que se abre solo para sancionar, lejos de los méritos laborales y creativos que hayan aportado a la empresa en todo este tiempo de trabajo desde una perspectiva de aporte a la pantalla de TV argentina.
Es más que preocupante la política de recursos humanos de la empresa que tomó el carácter represivo y persecutorio hacia los trabajadores, a través de sus caras visibles, Enrique Montouto y el Teniente Coronel Sergio Oscar Saravia, Jefe y Gerente de RRHH respectivamente; y de Rubén Iacono, Jefe de Operaciones.
A esto se suma que los compañeros/as que ingresan a la empresa lo hacen con contratos a plazo fijo o eventuales que luego se van acumulando, por lo que algunos ya tienen tres o cuatro renovaciones, lo cual les genera una inestabilidad laboral que se extiende en el tiempo.
Como corolario de esta situación el día 13/1/12 la empresa decidió el despido con causa de dos compañeros, un microfonista y un editor. Causas que no acreditaron ni en los respectivos telegramas de despido ni ante la solicitud por parte de los delegados. Esto motivo por asamblea se decida el cese total de actividades el día 24 de enero desde las 14 hs. el cual duró hasta las 14 hs del día siguiente cuando el Ministerio de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria con la reincorporación de los dos compañeros despedidos. Pero la empresa volvió a mostrar su mala voluntad de negociación frente al sector sindical al no dejar entrar a trabajar a los compañeros, entregándoles copia de una carta documento en la cual manifiestan que están reincorporados pero licenciados con goce de haberes. Accionar que debieron corregir durante una audiencia en el ministerio, dando así cumplimiento efectivo a la conciliación.
Toda esta situación resulta incomprensible en una empresa que manifiesta a través de sus diferentes gerentes que los balances económicos le son favorables, lo que les está permitiendo sanear la economía de la empresa que todavía transita un concurso de acreedores.
Por todo lo expuesto, el Consejo Directo Nacional del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) y los delegados de la Comisión Interna denunciamos que la empresa incurre en un acoso laboral colectivo y daño moral por lo que reclamamos el cese de esta política empresaria de persecución a los trabajadores y la vuelta de la producción propia a la pantalla de Canal 9.
Mañana a las 15 hs. tenemos nueva audiencia. Ahí comenzaremos la discusión de fondo, es decir, el tema concreto de los despidos.
Escuchá la entrevista de Victor Hugo Morales con María Kerpitchian, trabajadora de Canal 9:

Fuente: Trabajadores del 9
Ver anteriores: Despidos y paro en el canal de… ¿El Fantasma?, El Fantasma incumple la conciliación obligatoria en ¿su canal?te cuento mas…

El diario económico francés ‘La Tribune’ publicó hoy su último número por sus pérdidas persistentes, en el mismo día en que la justicia decidió su venta a un consorcio del sector de la prensa que tiene intención de convertirlo en semanario con menos de la tercera parte del personal
Uno de los diarios económicos de referencia en Francia, Los nuevos dueños han asegurado que seguirá la edición digital del periódico y a partir de abril saldrá a los quioscos un semanario, para lo cual planean invertir siete millones de euros, que se sumarán a los 150.000 euros que deben abonar por la adquisición.
El diario, creado el 15 de enero de 1985, imprimió este lunes su último ejemplar. “¡La Tribune le saluda!” tituló en portada, con letras blancas sobre fondo negro en llamas.
“Lo más duro está por delante”, declaró Jean-Christophe Tortora, jefe de FER y presidente del Grupo La Tribune a partir del miércoles. “Es una nueva partida. La Tribune.fr tiene 2 millones de visitantes únicos que le son fieles. Apuntamos a 3 millones en 2013″, agregó. La Tribune explica en su edición de hoy que su desaparición en papel se debe a la crisis del sector que se ha traducido, entre otros aspectos, en la “erosión de las ventas”, la “caída de la publicidad” y los altos “costos de distribución”.
En sus 27 años de vida, La Tribune ha tenido seis propietarios. En 1993, en un momento en el que ya atravesaba dificultades económicas, se hizo con su control el gigante mundial del lujo

Hace solo quince años atrás en la Argentina existía un único proveedor monopólico de conexiones de banda ancha a internet. En 1996 Startel/Telintar vendía un “caño” con una capacidad de 64K a un precio superior a los 15.000 dólares. Y menos de 1% de la población accedía a la red.

Apretemos “fast forward” apenas tres lustros e internet ha transformado de manera profunda nuestras vidas. Hoy casi la mitad de los hogares argentinos tiene conexiones cien veces más rápidas a un costo 400 veces menor (!). Buena parte de las personas lleva consigo en todo momento dispositivos móviles con acceso a la red. Y esta universalización trajo varios cambios muy profundos.

Una de las transformaciones más importantes que generó internet fue la aparición y difusión de “bienes digitales”. Hasta ese momento, con bienes físicos, la música venía en CDs y las películas se veían en el cine o se alquilaban en el video club. Hacer una copia era un proceso complicado con gran pérdida de calidad. Si alguien quería compartir algo con otro, era necesario dárselo y dejar de tenerlo uno.

Con la digitalización, una canción pasó a ser un archivo en una computadora. Duplicar ese archivo resulta fácil, la calidad de la copia es perfecta y pudimos compartir nuestros bienes sin que cederlos a otro implique ningún renunciamiento.

El desafío que este cambio planteaba era repensar desde lo más profundo la idea misma de “propiedad” sobre nuestros bienes. ¿Qué significaba bajo estas nuevas reglas ser “dueño” de algo digital? ¿Quién tenía derecho a venderlo o a transferirlo? Compartir tus cosas era posible… pero ¿era hacer piratería?

Industrias enteras quedaron en “offside”, desafiadas radicalmente por este cambio tecnológico. En música, por ejemplo, las empresas discográficas vieron desplomarse sus ingresos. Las cadenas de venta minorista del rubro quedaron al borde de la quiebra. Y a los artistas, autores del contenido digital, se les dificultó cobrar de manera directa por sus creaciones.

Aparecieron también impresionantes fenómenos nuevos, como Wikipedia, la más extensa enciclopedia del mundo, construida de manera colaborativa y gratuita por millones de usuarios. O las licencias “Creative Commons” que permite dar encuadre legal a la posibilidad de compartir gratuitamente el fruto de nuestra creación (Nota: Esa es la manera en que yo licencio el uso de lo que comparto en este blog y a la vez uso las fotos tomadas por otros que ilustran cada post).

Foto: Kalexanderson
Como reacción, las grandes discográficas demandaron a las empresas que facilitaban el intercambio musical. Muchísimas empresas, líderes en diferentes rubros, fallaron en adaptarse y sufrieron enormes pérdidas o directamente desaparecieron, como es el caso de Kodak, de reciente bancarrota. Apple, en cambio, sin el apoyo de la industria creó iTunes, un modelo nuevo de distribución mejor adaptado a la nueva realidad y se quedó de manera insospechada con una buena parte de ese negocio. Donde todos vieron una amenaza, Apple vio una oportunidad.

Las diferentes leyes que están siendo discutidas en el mundo en este momento (la ley Sinde en España, la SOPA en Estados Unidos, la ley Pinedo en Argentina, la nueva ley ACTA) son el último intento de las viejas empresas por restaurar un orden anterior. En general fueron presentadas por legisladores que entienden poco y nada de internet y sus potenciales. Y actúan, de manera ingenua o malintencionada, como operadores de grandes lobbies empresarios que quieren volver el mundo atrás y vivir como si internet no existiera.

Pero éste no era el único cambio que generó la red. Internet, como espacio poco regulado, amplió el alcance de las libertades individuales. Posibilitó a las personas conectarse, intercambiar información y generar participación, de modos impensados hasta ese momento. Si antes armar un movimiento requería de diez “conspiradores” reunidos secretamente en un sótano, internet permitió que miles de personas de lugares opuestos del mundo se coordinen y pasen a la acción. La red dio lugar a fenómenos variados como la “Primavera Árabe”, Wikileaks o incluso la red de hackers Anonymous. Eso condicionó notablemente el poder para manipular y controlar a los ciudadanos y muchos gobiernos entraron en pánico.

Así, las empresas encontraron socios inesperados. En la lucha antipiratería los gobiernos ven la oportunidad de tomar control de la red y subvertirla por completo: transformar un espacio de libertad sin supervisión en la mayor herramienta de control social de la historia.

En esencia, SOPA permite cerrar cualquier página de internet donde pueda estarse violando un derecho de autor sin mediar una orden de un juez, incluyendo cualquier sitio que “facilite la difusión de ese contenido”. Responsabiliza así a Google por el contenido de los sitios que muestra, a Facebook por las cosas que comparten los usuarios, a cada pequeño blog por los sitios a los que linkea, etc. Con la excusa de combatir la piratería, este poder de censura de facto a una autoridad administrativa puede ser fácilmente abusado para silenciar cualquier voz que importune.

De este modo, empresas y gobiernos se alían en SOPA para intentar la restauración del viejo orden y restringir drásticamente nuestras libertades. Buscan criminalizar a los ciudadanos y obligarlos a velar por los intereses y por la propiedad intelectual de las empresas, permitiendo, a la vez, a las autoridades espiar cada cosa que hacemos para ejercer su poder de policía.

La violación de los derechos de autor de quienes generan contenido original en cualquiera de sus formas es un problema de estos tiempos. Pero el desafío es encontrar una solución al problema que aproveche las virtudes de internet, proyectándonos al futuro, no una que intente volver al pasado.

La lucha para evitar el atropello de las libertades será difícil y desigual. Pero hay una buena noticia: no hay ley que pueda de manera efectiva y sostenida detener el avance de la tecnología. Y será nuestro ingenio, aprovechando justamente las posibilidades que internet misma ofrece, la que nos brinde las herramientas ideales para resistir.
Santiago Bilinsky

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Por: Lourdes Rodríguez
Los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) votaron por unanimidad un informe con recomendaciones no vinculantes acordadas en un grupo de trabajo y tendientes a mejorar los mecanismos de acción de la Comisión Interamericana (CIDH). En su exposición, Uruguay, representado por el embajador itinerante Milton Romani, marcó distancia de tres puntos impulsados por Ecuador que ponen en peligro la continuidad de la realización de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Durante 2011 se conformó el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH que se puso a consideración del Consejo Permanente. Como el nombre lo sugiere, el objetivo era revisar todos los mecanismos de funcionamiento de la CIDH, como los criterios de aplicación de medidas cautelares y los procedimientos de elección del secretariado ejecutivo o de admisibilidad de casos.
El 13 de diciembre, en la reunión de cierre, Ecuador planteó que entre las recomendaciones del informe final se incluyeran seis puntos que en los hechos significaba, en palabras de Romani, “un intento de arrancarle la cabeza” a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Finalmente, se incluyeron tres de los seis puntos, pero las reacciones desde la sociedad civil organizada en diferentes países latinoamericanos no se hicieron esperar, incluyendo a Human Rights Watch.
En Uruguay, a través de un comunicado, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) solicitó al canciller Luis Almagro que nuestro país “no acompañe en la OEA una serie de recortes a las competencias y atribuciones” de la relatoría en planteos impulsados por Ecuador, ésta “no se podrá” volver a realizar, “no podrá recibir fondos provenientes de donaciones de países y organizaciones” y estaría sujeta a un “código de conducta”.
Esta relatoría fue creada en 1997 y a diferencia de las otras siete existentes, la Especial para la Libertad de Expresión está a cargo de una relatora con dedicación exclusiva designada por la CIDH. Esto le permite obtener financiamiento externo y en consecuencia emitir informes anuales de cada país en torno a la violencia contra periodistas, la criminalización de la libertad de expresión, la censura indirecta, el acceso a la información y la diversidad en el debate democrático.

Se vota
El informe del grupo de trabajo, con los tres puntos en cuestión incluidos, se presentó y se votó el miércoles 25 de enero durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada en Washington. En ese marco, Romani brindó un informe en el que Uruguay “dejó constancia” de que estas recomendaciones “pueden limitar las funciones y labores” de dicha relatoría y lograrán “quitarle visibilidad, impacto y trascendencia a este tema”.
En diálogo con la diaria, Romani, de vuelta en el país, destacó que Uruguay fue uno de los tres países que mantuvieron esta “postura terminante”, además de Panamá y Costa Rica. No obstante, acotó que durante la sesión “no hubo enfrentamientos” y que países como Nicaragua, que “se esperaba que intervinieran a favor de Ecuador, no lo hicieron”, y señaló como “un hecho llamativo” que Venezuela no interviniera en el debate.
“Hubo un intento de arrancarle la cabeza a la relatoría, pero para decirlo en términos futboleros hubo un empate y pelota al medio”, comparó. Romani recordó que las recomendaciones del informe no son obligatorias ni vinculantes para el Consejo Permanente de la OEA, aunque “tienen fuerza desde el punto de vista político”. A su vez, aclaró que Uruguay votó el informe ya que “se trabaja sobre el consenso”. El organismo no tiene plazos para pronunciarse pero se estima que el secretario general de la OEA, Miguel Ángel Insulza, presentará a la brevedad un informe de avance.
Uruguay toma esta “posición firme” ante la OEA, en momentos en que el Estado se enfrenta al cumplimiento de dos fallos adversos emitidos en 2011 por la Corte Intermericana de Derechos Humanos, el de Gelman y el de los ex ahorristas del Banco Montevideo. Sobre este punto Romani indicó: “Uruguay se la bancó y lo está aceptando. En el caso de Gelman, no lo vivimos como un estigma ni una piedra en el camino, lo interpretamos como una manera de resolver algunas cuestiones internas y de verlo como oportunidad para promover los derechos humanos”.

Armas, drogas y tío Sam
Luego de la votación del informe con recomendaciones, se produjo un encuentro de dos horas entre el embajador uruguayo e Insulza a instancias de este último. “A Insulza le pareció muy importante la postura de Uruguay”, trasladó Romani. Además del fortalecimiento del SIDH, los jerarcas abordaron el comercio ilícito de drogas y armas, y la relación de Estados Unidos y América Latina en estos dos aspectos. Con respecto a las drogas, Romani destacó que hubo acuerdo “en la necesidad de abrir un camino para detener el fenómeno”. “Hay preocupación de Estados Unidos de acercarse al tema, de asumir y aceptar definitivamente que la problemática es una responsabilidad compartida y no es exclusiva de los países productores. Y es una preocupación abrir un espacio de debates acerca de los modelos y estrategias para el combate de drogas, para que haya apertura a la discusión”, explicó. Añadió que en este contexto se hizo notar el “alto comercio” de armas del norte hacia los países sudamericanos. Consultado sobre las responsabilidades concretas de Estados Unidos, el jerarca uruguayo reparó en “los niveles de consumo” de ese país y en “los niveles de permeabilidad que tiene la frontera norteamericana para que entren drogas y salgan armas”. Durante el diálogo con la diaria, Romani cuestionó la crítica que se le hace a la hegemonía que Estados Unidos y Canadá tienen en el SIDH. “Debemos repensar hasta qué punto los países latinoamericanos no le regalamos en esa hegemonía al no ponernos de acuerdo para disputarla”, consideró.
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