Argentina Actual

Cuando la violación de una ley a ojos vistas se extiende por tiempos prolongados, se pone de manifiesto una grave falla de gobierno. Las leyes están para ser cumplidas y si alguien decide violarlas, le corresponde al Estado ejercer la autoridad que le delega la ciudadanía para hacerlas cumplir y para someter a la Justicia al que comete la transgresión. La Argentina asiste cotidianamente a cortes de calles y rutas, a “manteros” que ocupan calles y veredas con comercio informal, al cirujeo de la basura en plena calle, a las ocupaciones de predios y edificios, a la oferta de drogas y de sexo cerca de las escuelas, y un sinnúmero de actividades que diariamente atentan contra el orden, la convivencia y las leyes que la protegen. El temor cuasi ideológico de caer en el autoritarismo o de ser calificado de represor y el lema de “no criminalizar la protesta social” han inhibido, en estos últimos años, a los gobernantes de ejercer civilizadamente su autoridad.

El jueves pasado un muy reducido conjunto de personas, por cuestiones vecinales, cortó totalmente durante varias horas la circulación en los dos sentidos de la autopista al aeropuerto internacional de Ezeiza. No es la primera vez que ocurre. Lo insólito es que ni la policía ni ninguna otra autoridad procede a liberar la circulación. Miles de pasajeros pierden sus vuelos y el país expone ante el mundo una situación vergonzosa. Frente a hechos como éste, puede entenderse por qué alguien que viajó a la Argentina para estudiar una inversión desista de hacerla o alguien que lo hizo por placer no regrese.

El ejercicio de la autoridad es muchas veces resignado, aunque se ponga en peligro la salud o la vida de los propios transgresores. La apertura de las bolsas de basura en la vía pública para hurgar sus contenidos, sin protección de guantes y con la participación de niños de corta edad, es una imagen repetida y profusa de Buenos Aires. Ya no es sólo cartón y papel, sino un verdadero cirujeo del que se extrae todo tipo de productos, incluidos alimentos. Quienes lo hacen corren un serio riesgo sanitario, lo mismo que la población que debe caminar entre la basura dispersada. La recolección posterior se entorpece y resulta tan sucia y poco eficaz como es de suponer. La ciudad termina exponiéndose al mundo como una de las más sucias, y nadie hace algo para evitarlo.

Los ejemplos pueden seguir y en cantidad. Tal el caso de las ocupaciones ilegales de terrenos y de inmuebles. La falta de actuación de la autoridad en el momento de iniciarse el hecho permite que se consoliden situaciones que más tarde son imposibles de corregir. Es así como se crean y se extienden las villas de emergencia y se construyen sobre ellas edificaciones que ganan altura, violando toda norma edilicia y poniendo en serio riesgo la vida de sus moradores. Se generan supuestos derechos y se desarrollan intereses que encuentran protecciones mafiosas o corruptas. Desde estas mismas columnas editoriales, hemos tratado el tema de los “manteros” de la calle Florida como otro caso que también parece haber superado a las autoridades.

Puede entenderse que si un gobierno no es capaz de actuar frente a este tipo de transgresiones, más difícilmente podrá hacerlo frente a cuestiones más graves, como el crimen, la delincuencia o el narcotráfico. El crecimiento de la inseguridad ciudadana tiene relación con esta grave incapacidad, que exige una contundente rectificación.