Como ha ocurrido con nuestros granos y con nuestra carne, el Gobierno también se equivoca, y mucho, en materia pesquera.
A pesar de que los informes científicos aseguran que en los últimos veinte años desapareció el 80 por ciento de la población adulta de merluza común, las autoridades nacionales habilitaron para la pesca casi 300.000 toneladas, cantidad que coloca al principal recurso pesquero de la Argentina en una zona de altísimo riesgo.
De esa manera, se desoyó la sugerencia del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el organismo científico encargado de asesorar a las autoridades, de limitar la pesca a no más de 210.000 toneladas.
Es que el actual contexto es sumamente delicado. De hecho, el propio Inidep reconoció por primera vez en un documento oficial difundido en diciembre último la práctica de maniobras como la subdeclaración de lo pescado -pescar más de lo permitido y declarar la diferencia como otra especie-, así como el descarte en alta mar de ejemplares cuando se pescan otras especies.
El documento, incluso, estima cifras: las subdeclaraciones rondarían el 30 por ciento de lo desembarcado y los descartes oscilarían entre las 50.000 y las 60.000 toneladas.
El efecto que estas dos prácticas han tenido sobre la población del principal recurso pesquero nacional es alarmante. La Fundación Vida Silvestre analizó en detalle el informe técnico antes mencionado y elaboró un informe de análisis. Algunas de sus conclusiones resultan muy preocupantes. Entre ellas, que en los últimos veinte años desapareció el 70 por ciento del total de la población de merluza y el 80 por ciento de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares, hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil.
Han pasado poco más de sesenta días desde que esta columna auguraba una nueva etapa para la pesca tras el anuncio hecho por el Gobierno de la puesta en marcha de un sistema de administración pesquera por cuotas individuales transferibles de captura (CITC). Concluíamos que si los gobiernos nacional y de las provincias pesqueras asumían un compromiso histórico de gestión transparente y eficaz de los recursos pesqueros, se podría dar un paso adelante como sociedad políticamente organizada.
Pero ningún sistema puede funcionar sin una adecuada instrumentación y un control eficiente. A pocos meses de la implementación de aquella medida, el panorama es poco menos que desolador.
La captura máxima permisible establecida para la merluza común es de un volumen sensiblemente superior al recomendable.
Si a esto le agregamos la necesidad imperiosa de reducir los descartes a niveles mínimos, de controlar que no haya falsedad en los partes de pesca y en los volúmenes de desembarques y, en síntesis, de establecer y poner en marcha sistemas de control serios y responsables que por el momento no aparecen, el panorama se presenta como extremadamente peligroso para el éxito de la administración y mucho más para la sustentabilidad del recurso pesquero.
Es que la realidad de la merluza de la especie hubbsi del Mar Argentino se apoya en una verdad incontrastable: en los últimos años ha disminuido peligrosamente.
Editorial IPesca, otro caso de ineptitud oficial
Los volúmenes de capturas autorizados para la merluza común colocan a este valioso recurso al borde de la extinción
> Ir a la notalanacion.com | Opinión | Martes 13 de abril de 2010
