Argentina Actual

Adrián Ventura
LA NACION
En el mundo civilizado, el Estado, a través del Poder Judicial, asume el rol de garante: asegura que los conflictos serán resueltos de modo imparcial.

Pero en la Argentina, las cosas no son siempre así: en los últimos años, el Poder Ejecutivo se volvió parte interesada de muchos conflictos y, frente al peso político del Gobierno, el Poder Judicial perdió autonomía para hacer viable sus soluciones.

Cuando una persona o una empresa vive esa situación, queda colocada en una posición de indefensión. ¿Será acaso que el Gobierno considera a quienes no comulgan con las visiones oficiales como el enemigo? ¿Dejó de haber ley y justicia para el independiente, el disidente o el enemigo?

Actualmente sobran elementos de prueba para suponer que se está produciendo una situación de esta naturaleza alrededor del bloqueo de las plantas de Clarín y La Nacion.

Primero . El juez civil Gastón Polo Olivera había dictado dos medidas cautelares que le ordenaban a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que tomara todos los recaudos necesarios para evitar nuevos bloqueos. Sin embargo, el Gobierno aceptó, con su pasividad, que se ejecutara la más virulenta de todas las medidas de fuerza de este tipo tomadas contra un medio desde 1983.

Segundo . El bloqueo a la planta impresora de un diario -sea Clarín, La Nacion, Página 12, Tiempo Argentino o cualquier otro-, según dos artículos del Código Penal (161 y 194), constituyen dos delitos distintos. Pero al Gobierno eso no le pareció suficiente motivo para tomar intervención e impedir que esos delitos se consumaran.

Tercero . Cuando el espacio público se ocupa de tal forma que impide el ingreso a un establecimiento, también se está violando el Código Contravencional (artículos 57 y 58).

Una fiscal le pidió a la Policía Federal que hiciera cesar ese delito contravencional y que identificara mediante fotografías y filmaciones a los autores del hecho. Pero la Policía Federal no la obedeció.

Cuarto . Aun cuando el motivo del bloqueo fuese un reclamo laboral, como pretenden los delegados que dicen haber sido injustamente desplazados por Clarín, hay que tener en cuenta que ningún reclamo puede hacerse a través de la comisión de delitos. Si alguien quiere trabajar o ejercer una actividad sindical, eso no lo autoriza a delinquir.

Quinto. Desde noviembre hasta la fecha, se hicieron muchas denuncias, entre ellas varias correccionales y, hace veinte días, otra por extorsión, que será ratificada esta mañana. Nada parece haber cambiado. Pero algo agravó el panorama: hace una semana, Hugo Moyano, acorralado por varias investigaciones judiciales, anunció que atacaría a los medios.

Se xto. El Gobierno no sólo no intervino para frenar los delitos, sino que tampoco salió a expresar una condena. Tal vez no fue el autor material del bloqueo, pero queda la duda de si fue su autor intelectual.

Aun cuando el Poder Ejecutivo no hubiera ideado el bloqueo, por lo menos aprovecha la maniobra de sus autores, que coincide con la estrategia que desarrolla el Gobierno para confrontar con los medios independientes o críticos.

En los últimos dos años, el Gobierno vino impulsando una política de ataques sistemáticos contra la prensa independiente o crítica.

Desde 2003 manejó la pauta oficial en forma arbitraria, privando de publicidad a los medios que no son adictos. También desde un principio el ex presidente Néstor Kirchner criticó a los periodistas de Clarín y La Nacion y a ambas empresas.

Asimismo, el Gobierno convirtió a la AFIP en un instrumento para presionar a muchos medios porteños y del interior, que incluyó invitaciones explícitas a algunos editores para que cambien su línea editorial.

En 2009, se aprobó la ley de medios audiovisuales, que busca fracturar a los principales grupos y, también, lanzó una embestida contra Papel Prensa, la papelera que vende el insumo que compran 170 periódicos de todo el país.

En este contexto, el hecho de que exista un reclamo laboral o de que Hugo Moyano esté reaccionado frente a investigaciones judiciales parece, cuando mucho, una excusa para lanzar otro ataque a la prensa.