El costo del aislamiento financiero
Por Joshua Rosner | Para LA NACION
Algunos políticos argentinos han comentado que Europa y los Estados Unidos, actualmente atascados en una crisis de deuda soberana de enorme magnitud, capaz de hundir a sus economías, podrían aprender de la experiencia argentina en 2001, cuando el país pudo sobrevivir exitosamente a una crisis económica que arrasó con cuatro presidentes y produjo un default de 100.000 millones de dólares en deuda extranjera.
Algunos economistas han llegado a llamar el caso argentino un ejemplo de “default exitoso”, dada la tasa del crecimiento del PBI desde entonces. Pero sería un error creer que este acto no ha tenido consecuencias: a pesar de una fuerte recuperación en muchos frentes, a diez años del default la Argentina sigue exiliada de los mercados de capitales y corre el riesgo de canibalizar su propia economía si no logra volver a entrar.
La economía argentina es amplia y diversificada, con un PBI per cápita que fácilmente duplica el de sus pares; pero, a diferencia de éstos, para sostenerse depende enteramente de sus propios fondos nacionales y del boom de las commodities y sus precios internacionales. Desde el default en 2001, la Argentina ha realizado varios intentos de liquidar sus deudas, incluidos dos canjes de deuda, el más reciente en 2010. Pero sus ofertas no han sido aceptadas por todos sus acreedores, y los tenedores de bonos que no accedieron a sus condiciones representan un permanente riesgo al financiamiento del país, a raíz de los procesos litigiosos que se siguen en los Estados Unidos y otros países. Hasta ahora, estos juicios han producido 114 fallos contra la Argentina por un total de 7000 millones de dólares. La política de hacer caso omiso a los juicios ha conducido a la Argentina a su aislamiento.
Al mismo tiempo, el Tesoro argentino ha tomado préstamos de los fondos de jubilación estatizados, y de los bancos estatales, y durante los últimos dos años ha comenzado a liquidar las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de deuda. Si bien una reducción en la deuda extranjera trae aparejada ciertos beneficios de corto plazo y hasta puede promover una breve recuperación económica, la reducción en sí no será un éxito si no se ayuda a recomponer un amplio acceso a los mercados internacionales de capital capaz de reflejar los fundamentals de la economía. En 2012, la Argentina tendrá que desembolsar casi 20.000 millones de dólares de vencimientos de deuda, y las reservas de “libre disponibilidad” del Banco Central se están se agotando.
El aislamiento financiero del país ha provocado una importante fuga de capitales. Un informe del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de la Argentina, de 2007, reveló que el país perdió unos seis mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) por año desde el default de 2001, y que estos mismos flujos de inversión extranjera se han canalizado hacia Chile y Brasil. Estos vecinos, que ostentaban tasas de crecimiento menos impactantes, se han beneficiado por el aislamiento argentino. En junio de 2011, la fuga de capitales argentinos alcanzó el vertiginoso ritmo de 100 millones de dólares por día y, en los últimos cuatro años, se ha ido del país un total de 68.000 millones.
Es un panorama poco alentador. Pero la Argentina posee la fórmula para revertir el proceso. Hay muchos indicadores positivos que colocan al país en un lugar privilegiado para alcanzar el éxito, si primero regulariza su situación con los mercados de capitales. La relación deuda-PBI es baja y, de hecho, muy por debajo de su capacidad de préstamo. Si en vez de depender de sus fuentes de financiamiento nacional, cada vez más limitadas, el Gobierno elige normalizar la situación con sus acreedores, sea echando mano a una parte de sus reservas o emitiendo nuevos bonos, los beneficios serían varios. Primero, el país podría volver a los mercados internacionales de capitales sin miedo de que los holdouts efectúen retenciones sobre sus emisiones. Segundo, el costo de juntar fondos se vería reducido significativamente, dado que el perfil de riesgo crediticio indica que podría lograr una calificación crediticia de inversión similar a la de otras grandes economías. También, el costo de esa liquidación, aun a pleno valor nominal de los reclamos, se encontraría equilibrado por los posteriores ahorros acumulados en apenas tres años. Finalmente, la liquidación de un monto de 80.000 millones en deuda significaría un éxito rotundo para el país, dado el costo que habría pagado en su detrimento durante los últimos seis años.
Una liquidación de esta índole no tendría por qué introducir al país en un nuevo ciclo de deuda; al contrario, le daría al próximo gobierno una poderosa gama de herramientas de política económica para revertir la tendencia de fuga de capitales, bajar las tasas de interés y expandir la inversión productiva para profundizar el crecimiento. Sin embargo, dada la alta posibilidad de que la desaceleración económica mundial afecte los precios de las commodities, la Argentina necesita actuar cuanto antes.
En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner liquidó una deuda de diez millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y dijo que, de esta manera, estaba liberando a la Argentina de las exigencias de la organización y “recuperando esperanza” para el país. El próximo presidente de la Argentina tiene la posibilidad de realizar una jugada igualmente osada, pero a menor costo y con mayores resultados inmediatos. © La Nacion
El autor es director gerente de la consultora independiente Graham Fisher & Co
