El Estado argentino debería hacer cumplir el fallo sin más trámite.
El Tribunal de La Haya dictó sentencia. Cualquiera sea la idea que se pueda tener sobre cada uno de los puntos que determinó, ya no quedan más instancias judiciales. Es la palabra definitiva, y expresó claramente algunas cosas:
1) Que el procedimiento seguido por Uruguay no se ajustó formalmente a la tramitación que requería el cumplimiento estricto del Tratado. Para nosotros, esto es discutible, porque no se informó por considerar que no se trataba de una instalación que contaminara (como ahora ha quedado comprobado), pero ya no tiene sentido discutir al respecto. En el futuro, uno y otro país deberán cumplir con la obligación de informar sobre instalaciones costeras del río, conforme al criterio aceptado por la Corte, o sea, el de hacerlo, en todo caso, con carácter previo.
2) Que este procedimiento es sólo de información y no de autorización. La soberanía de cada país es plena en cuanto a que, cumplida la obligación de informar, se puede proceder a ejecutar la obra de que se trate, siempre que -obviamente- no lesione intereses legítimos de los ciudadanos de ambas riberas.
3) Que la planta de celulosa instalada en Fray Bentos no contamina ni ha generado ningún daño a la Argentina.
Establecidos estos puntos, ambos gobiernos deberían abocarse -y cuanto antes, mejor- a organizar el monitoreo conjunto de las aguas del río, tal cual se había acordado en su momento sin que, desgraciadamente, se concretara. La experiencia internacional es lo que muestra como solución permanente. No hay otro final posible y sólo cabe lamentarse porque no haya sido el principio.
Ahora, queda pendiente el levantamiento del corte del puente. Pensamos que en la Argentina -aun de buena fe- mucha gente no entendió a cabalidad lo que significa para Uruguay ese hecho ilícito. Interrumpir la libre circulación de un puente internacional viola todos los principios y normas que rigen la convivencia entre Estados. No es un piquete en una huelga, en que cada país hace lo que le place. Es un hecho de otra relevancia y, por eso, cuesta entender que no se levante el corte, cuando, en cambio, se interrumpen piquetes de menor significación en todo el territorio argentino.
El derecho a protestar y realizar manifestaciones no está en debate. La cuestión es el corte de una ruta regida por el derecho internacional, y sobre la que, además, ya hay un fallo judicial. Es preciso recordarlo, porque en la barahúnda de los episodios y las anécdotas no se recuerda que el Tribunal del Mercosur, con fecha 6 de septiembre de 2006, dictó una sentencia clarísima, en la que estableció la ilicitud de la medida y se ordenó su levantamiento. Desgraciadamente, esa sentencia quedó flotando en el espacio, pero sigue vigente. O sea que aquí tampoco hay más debate jurídico. Y el Estado argentino debería hacer cumplir el fallo sin más trámite.
No se necesita ninguna operación “represiva” especial, cuando es notorio que el corte lo mantienen tres o cuatro personas, en una patética vigilia.
Todo esto se mezcló, lamentablemente, con la designación del ex presidente Kirchner como secretario general de la Unasur, organismo inexistente jurídicamente, al cual la Argentina ni siquiera ha adherido formalmente. Es muy poco digno que se estableciera la posibilidad de un canje entre un cargo y unos principios que hacen al ejercicio del Estado de Derecho en dos repúblicas vecinas, hermanas de origen y socias. Episodios así terminan degradando el ejercicio público ante el ciudadano común, que juzga estas actuaciones como reñidas con la menor ética y hasta groseramente antiestéticas, si cabe aludir al mero decoro de las conductas políticas.
El hecho es que Uruguay rectificó su veto anterior y el presidente Mujica cambió la decisión de su antecesor, sin respuesta a nada. Dijo que no votaba ni vetaba, pero se sumó al consenso que designó al ex presidente Kirchner.
Más allá de juicios personales, objetivamente no es una decisión acertada. Primero, porque el futuro secretario ejecutivo está ejerciendo notoriamente una fuerte actividad política partidaria, como presidente del Partido Justicialista, que no se compadece con el estatus diplomático del cargo. Segundo, porque esa posición institucional requiere un funcionario full time . Tercero, porque el señor Kirchner es un hombre de lucha y combate, sin las características vocacionales de la figura diplomática de consenso. En el caso uruguayo se da, además, una actitud política muy agresiva para con el país, que nadie olvida.
El propio presidente Mujica reconoce que su actitud le significa costos políticos, y es verdad. Sólo se la entendería como corolario de un cambio sustancial en las relaciones, que despejara las heridas aún abiertas. Cuando ni palabra se dice sobre lo que nos ha golpeado y sigue golpeando, cuando ni siquiera aparece alguna carta de intención, la buena fe invocada por el presidente uruguayo pasa a ser ingenuidad o debilidad.
Después de La Haya
Julio María Sanguinetti
> Ir a la notalanacion.com | Opinión | S?do 8 de mayo de 2010
