El tiempo no resuelve ningún problema; sólo los agrava.
Nadie puede explicar aún por qué argentinos y uruguayos estaban ayer escuchando en La Haya lo mismo que podrían haber resuelto entre ellos hace mucho tiempo. El gobierno de Montevideo ha incumplido el Estatuto del Río Uruguay, pero eso lo acepta en voz baja cualquier buen político oriental. El futuro monitoreo conjunto del río y el compromiso mutuo de respetar el viejo tratado sobre el afluente compartido fueron soluciones pacíficas y diplomáticas que estuvieron en todas las mesas de negociaciones. Nunca prosperaron.
Los jueces de La Haya terminaron imponiendo una solución que debió ser política y que nunca mereció viajar tan lejos. Existía un obstáculo y es el mismo que sigue existiendo. Podría decirse que esa dificultad la crean los asambleístas de Gualeguaychú, pero sería una síntesis demasiado reduccionista y también injusta. Ellos son sólo la consecuencia de otros males. El mayor problema para una solución acordada fue el populismo de la administración argentina, acompañado por la absoluta carencia de reflejos políticos de ambos gobiernos para hacerse cargo de una sociedad atemorizada. Abandonados por los gobernantes, y bajo la prédica fanática de grupos ideológicos, los entrerrianos que viven a la vera del río terminaron creyendo que estaban ante las vísperas del fin del mundo. Néstor Kirchner, que nunca fue enmendado por el gobierno de su esposa, aventó el fuego de aquella sublevación con su presencia de militante en Gualeguaychú.
Los elementos del problema no eran tan confusos. Existía con Botnia la mayor inversión extranjera que Uruguay recibió en su historia, aunque la fábrica debía emplazarse sobre la orilla de un río compartido con la Argentina. En la orilla de enfrente, en la Argentina, comenzó a incubarse el germen de una sociedad asustada por las consecuencias ambientales del emprendimiento. Esos eran los componentes del potencial conflicto que debió sofocarse antes de que una asamblea de vecinos terminara conduciendo la política exterior de la Argentina. Los dos gobiernos de los Kirchner prefirieron que sucediera esto último antes que pagar el precio político de una solución. Guste o no, un Estado que sólo tiene capacidad por montarse sobre la marea social es un Estado populista.
Uruguay no cumplió con el tratado del río Uruguay. Lo han dicho jueces inapelables y eso ya no se discute. Pero se discutió durante algún tiempo. Fue cuando el gobierno uruguayo filtró la información de que hubo, en los albores del problema, una reunión entre los entonces cancilleres de ambos países, el argentino Rafael Bielsa y el uruguayo Didier Opertti. Esa reunión existió y se realizó en la embajada uruguaya en Buenos Aires. La versión uruguaya aseguró siempre que ahí se resolvió el problema y que Bielsa había informado a su gobierno de la solución.
La versión argentina difirió. Aceptó que el encuentro de ambos cancilleres se realizó, pero señaló que ellos acordaron resolver en 180 días la disputa por el emplazamiento de las entonces dos pasteras sobre el río Uruguay (una de ellas desistió luego). Lo cierto es que ni argentinos ni uruguayos elaboraron un acta ni tomaron notas formales de ese encuentro. No hicieron lo que hacen los diplomáticos razonables y prudentes del mundo. Por eso, el tribunal de La Haya no tuvo en cuenta ese antecedente.
El momento más cercano que hubo para una solución fue cuando “los dos Fernández”, como los llamaban en la jerga política a Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete argentino, y Gonzalo Fernández, la mano derecha del entonces presidente Tabaré Vázquez, escribieron un borrador de acuerdo en la casa presidencial uruguaya de Colonia. Las bases de aquel bosquejo no diferían mucho de lo resuelto ayer en La Haya: ambos países se obligaban a un monitoreo conjunto de las aguas del río Uruguay y se comprometían a consultarse mutuamente sobre cualquier emprendimiento futuro en la orillas del afluente.
El problema surgió cuando los uruguayos hicieron la pregunta de rigor: ¿qué harán los argentinos con los puentes cortados? La respuesta le correspondía a Kirchner: nada, el gobierno argentino no haría nada. El borrador se deshizo. Nadie más se ocupó nunca del conflicto, que lleva cuatro años de puentes cortados entre los dos países. La sociedad de Gualeguaychú está tan abandonada a la buena de Dios que ayer lloraba desconsolada porque en La Haya no se había dispuesto el cierre y desplazamiento de Botnia.
Ningún diplomático ni funcionario argentino esperaba eso de los jueces que decidieron en la capital de Holanda. Pero nadie fue a Gualeguaychú para trabajar el día después, para aclarar los límites de cualquier triunfo y la condición inevitable de alguna derrota. Hasta el propio gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, confesó ayer que sentía un “gusto amargo” por la resolución de La Haya. ¿También el gobernador esperaba el improbable cierre de Botnia? ¿O la ola del populismo no ha cesado?
Kirchner le temió siempre a una pueblada en Gualeguaychú si ordenaba sólo el desplazamiento de fuerzas de seguridad hacia esa ciudad. Hizo todo lo contrario: él mismo se vistió de asambleísta en un acto electoral en Gualeguaychú. Surgió entonces la segunda fase del problema. Uruguay no estaba dispuesto a resolver nada con los puentes cortados, una situación claramente violatoria de la ley argentina y del derecho internacional. Kirchner esperaba que el tiempo resolviera el problema, lo mismo que hace con tantos otros problemas. Pero el tiempo no resuelve ningún problema; sólo los agrava. Ni siquiera el rey Juan Carlos, que aceptó ser mediador por pedido expreso de Kirchner, pudo torcer la dinámica del conflicto. El líder internacional más respetado en América latina dio un oportuno paso al costado cuando entrevió que lo llevaban alegremente hacia un fracaso.
El análisisAún queda el mayor obstáculo
Joaquín Morales Solá
> Ir a la notalanacion.com | Política | Mi?oles 21 de abril de 2010
