Gravísimo e impune ataque a la libertad de prensa
Un gobierno es tan responsable cuando le provoca un daño a la libertad de prensa y de expresión como cuando nada hace para impedir que otros la dañen.
El bloqueo a las plantas impresoras de La Nacion y de Clarín, en el barrio porteño de Barracas, registrado desde las primeras horas de ayer, se vincula con el último caso mencionado. Ante la llamativa pasividad de la Policía Federal, unos 40 manifestantes -entre los cuales se hallaban niños- que se identificaron mayoritariamente como trabajadores tercerizados de Artes Gráficas Rioplatense y como seguidores del titular de la CGT, Hugo Moyano, efectuaron un piquete frente a las dos plantas, con el que impidieron que las ediciones dominicales de Clarín y del diario deportivo Olé salieran a la calle, y ocasionaron una demora de varias horas a la salida de La Nacion.
Se trata de un hecho gravísimo para las instituciones de la República. La libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de millones de personas a informarse han sido vulnerados ante el silencio del Poder Ejecutivo Nacional y la indiferencia de las fuerzas que deberían garantizar el orden público.
Se ha impuesto la cultura de la prepotencia, de la intolerancia y de la violencia. Ha triunfado la Argentina patoteril, y de quienes debería esperarse al menos la condena pública y ejemplarizadora sólo partió un silencio que se asemeja a la complicidad.
El bloqueo producido ayer es doblemente grave, por cuanto poco tiempo atrás, a mediados de enero, sus mismos impulsores habían protagonizado un hecho similar frente a las mismas plantas impresoras. La pasividad de las autoridades también fue idéntica. En aquella oportunidad, los activistas impidieron la distribución de los diarios durante aproximadamente cinco horas. Pero esta vez lograron algo que no registraba antecedentes en la era democrática: que un piquete frenara la circulación de un diario.
De nuevo, la inacción oficial fue la nota destacada de la triste jornada. Y resulta particularmente grave, por cuanto el 2 de enero de este año, frente a episodios semejantes, un juez en lo civil, Gastón Polo Olivera, tras considerar ilegal el bloqueo de los accesos a las plantas impresoras de medios periodísticos, ordenó que su resolución fuera notificada de manera personal a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, con el propósito de que dispusiera todas las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo.
Distintos representantes de la oposición política han anunciado ayer que promoverán el juicio político de la ministra de Seguridad por no acatar la citada orden judicial. El pedido resultaría justificado: es particularmente grave que el Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, mire para otro lado a la hora de actuar frente a un delito claramente tipificado en el Código Penal y contrario a principios elementales de la Constitución nacional y de tratados internacionales de derechos humanos en materia de libertad de prensa y de expresión.
Muchas veces, el argumento del gobierno kirchnerista ha sido que no debía criminalizarse la protesta social. Aunque está claro que, esta vez, la protesta se ha pasado de la raya, aquel argumento no parece ser la razón de la inacción oficial frente a este gravísimo atentado contra la libertad de prensa. Parece que hubiera sectores del Gobierno que alentaran esta clase de medidas de fuerza contra dos medios periodísticos que no han ocultado sus diferencias con las políticas del oficialismo y que han sufrido distintos ataques en los últimos tiempos.
No parece casual que el silencio oficial frente al piquete de ayer fuera la misma actitud de las autoridades del Poder Ejecutivo frente a las graves amenazas de Moyano contra el periodismo, por informar detalles del pedido de informes suizo. Tampoco sorprende la escasa voluntad por garantizar la libertad de prensa de un gobierno que presionó a los accionistas privados de Papel Prensa mediante actitudes patoteriles y denuncias infundadas sobre delitos de lesa humanidad; que, en un abierto ataque a la libertad de informar, multó a consultoras independientes por difundir sus propios índices del costo de vida; que utiliza los fondos públicos de publicidad para premiar o castigar a los medios en función de su grado de cercanía al oficialismo, y que en los últimos meses ha comenzado a sacar del aire a medios audiovisuales del interior del país que no comulgan con el discurso oficial.
Es de esperar que quienes deben garantizar el orden público y las libertades esenciales, y la sociedad toda reflexionen seriamente sobre este atropello a la libertad de informar, antes de que sea muy tarde.
