Impúdica ostentación de riqueza
La detención del dirigente sindical José Pedraza en un departamento de la lujosa torre El Faro en Puerto Madero puso en evidencia una holgura económica que de ninguna manera podría fundamentarse en su historia laboral o en los ingresos que pudieran haberle legalmente correspondido por sus funciones gremiales a tiempo completo.
Pedraza ha declarado ante la Justicia un ingreso de diez mil pesos mensuales, dato que torna inexplicable su acceso a la torre. Claro que el departamento no está a nombre del sindicalista, quien ha declarado como propias una vivienda en la calle Ramos Mejía, de la Capital, y otra en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. Pedraza, como muchos de los eternos dirigentes sindicales, dispone del uso de bienes que no están incluidos como de su propiedad en su declaración formal.
Hay también funcionarios de gobierno en los que el patrimonio ostentado o incluso declarado no puede encontrar justificación, salvo que se haya transitado por caminos indebidos haciendo uso en beneficio propio del poder y de los bienes administrados. El caso del matrimonio Kirchner ha sido el más notorio y escandaloso.
La detención y procesamiento de Pedraza no tienen relación con un supuesto enriquecimiento ilícito , sino con la muerte del activista del Partido Obrero Mariano Ferreyra. La Justicia decidirá sobre las responsabilidades en este caso.
Probablemente ha tenido mayor repercusión el conocimiento del lujoso departamento donde vive el veterano dirigente de los trabajadores ferroviarios que las dudas que sobre él recaen en un caso de matonerismo y mano propia ante la ausencia del poder policial del Estado para impedir un corte de vías.
Es que la ciudadanía está altamente sensibilizada frente a la corrupción y a la impunidad.
Aun si la riqueza fuera bien habida, su ostentación por parte de funcionarios causa sospecha y rechazo cuando ellos integran un gobierno que se caracteriza por un discurso populista y de supuesta reivindicación social, pero se conocen diariamente nuevos y graves hechos de corrupción.
Hay un elevado nivel de pobreza y una permanente pérdida de poder adquisitivo de los salarios debido a la inflación. La hipocresía de disfrazar esta circunstancia falseando los índices del Indec previene aún más a la gente común contra la incoherencia entre el discurso y el enriquecimiento indebido de funcionarios y gremialistas cercanos al poder.
La ostentación de riqueza, como ocurrió y aún ocurre con Ricardo Jaime y otros, se vuelve impúdica y obscena. Constituye una burla y una agresión a la ciudadanía.
La vacancia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas luego de la renuncia de Manuel Garrido, de la que nos hemos ocupado en esta columna editorial, facilita el avance e impunidad de la corrupción a nivel gubernamental.
Pero aun si aquel organismo o la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, cumplieran sus funciones como fuera de esperar, sus jurisdicciones no alcanzan como para actuar en el caso de las organizaciones sindicales.
La Justicia y los fiscales son, por lo tanto, quienes están ante el desafío de actuar sobre los ilícitos en este ámbito. Los procesamientos iniciados en relación con los fraudes con medicamentos y prestaciones de salud en el sonado caso de remedios adulterados pueden ser una señal auspiciosa siempre que en esos impulsos no existan presiones sobre los jueces con motivaciones políticas de la mano del Poder Ejecutivo.
La desregulación de las obras sociales y su autonomía de las organizaciones sindicales aseguraría de una forma mucho más eficaz la supresión de un contubernio que es ocasión permanente de corrupción y fuente de poder.
