La fiesta la pagan los abuelos
Un sistema previsional superavitario y un gobierno decidido a gastar más de lo que recauda y a financiarse de cualquier forma son una pésima combinación. Y no es la primera vez que ocurre en la Argentina, que como en La i nvención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, ve repetirse la historia.
El Gobierno aprovecha para financiarse y obliga al sistema de jubilación estatal a hacer “inversiones” en bonos del Estado.
La administración del matrimonio Kirchner no inventó el perverso esquema, pero lo ha usado en grado superlativo. Nadie, desde las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, tuvo tanta facilidad para apropiarse de los fondos de los actuales y los futuros jubilados.
No hay tasas de mercado ni operaciones abiertas ni información a tiempo. Porque luego, como pasó con las emisiones que se hicieron el 20 de diciembre pasado, se ocultan los datos durante casi dos meses.
¿Para qué usa el dinero el Gobierno? En 2010 se batió un récord de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que resultaron mucho mayores de lo que se había previsto en la ley de presupuesto.
Parte de los gastos que hay que financiar se destinan a mantener bajos los precios de servicios que consumen los jubilados, pero que también utilizan los ricos.
En el pasado esa fórmula llevó a la catástrofe. Cuando comenzó el déficit del sistema jubilatorio, dejaron de actualizarse los haberes como correspondía y se generó un aluvión de juicios que llevó al sistema a la quiebra.
La diferencia con la administración Kirchner es que esta vez es con superávit que la Anses no paga lo que debe, pelea judicialmente contra los jubilados para no actualizarles los haberes y, cuando pierde, demora todo lo que puede en cumplir con las sentencias.
La caja previsional, además, financia cualquier cosa, como créditos a empresas que, de no pagar, crearán todavía más problemas a los actuales y futuros beneficiarios.
El Gobierno y sus aliados derogaron el sistema de AFJP y confiscaron los ahorros de los aportantes. Crearon con ellos el Fondo de Sustentabilidad, que tiene muchos menos controles y es mucho más vulnerable de lo que eran las administradoras privadas.
Pero si un sistema que recauda aportes de los activos y paga los haberes de retiro puede tener alguna borrosa justificación para hacer estas “inversiones”, no ocurre lo mismo con la obra social de los pasivos.
¿Por qué los jubilados deben someterse a trámites humillantes, hacer cola, tener menos servicios e insuficientes descuentos en los medicamentos mientras el superávit del PAMI financia la importación de fueloil de Venezuela, como ha ocurrido?
El Gobierno ha montado una fiesta de gasto que en parte se financia con una presión impositiva récord, otra parte con una emisión monetaria tan alocada que causa una de las inflaciones más altas del mundo. La otra parte la pagan los jubilados, que no cobran lo que deben ni reciben de su obra social lo que les corresponde. Están en grave deuda en primer lugar el Gobierno, que lo hace. Y casi con el mismo nivel de responsabilidad, la oposición, que por acción u omisión, lo consiente.
