La industria antiinmigratoria
Mientras el presidente Barack Obama y el Congreso se pelean sobre qué recortes presupuestarios hacer para reducir el gigantesco déficit norteamericano, he aquí una idea políticamente incorrecta que podría ahorrar miles de millones de dólares: recortar el derroche de dinero que se gasta en las redadas antiinmigrantes.
Ya sé, ya sé. La sola idea de recortar los fondos destinados a hacer cumplir las leyes inmigratorias es un sacrilegio para los conservadores -y otros norteamericanos- que piensan que Estados Unidos está siendo “invadido” por inmigrantes latinoamericanos indocumentados que les roban los empleos a los norteamericanos, además de a menudo cometer crímenes violentos.
Pero hay cada vez más pruebas de que el arresto y la deportación de los indocumentados en la frontera se han convertido en un gran negocio para las empresas privadas dedicadas a controlar y arrestar a los inmigrantes, sin lograr reducir el flujo de indocumentados.
“Miles de millones de dólares podrían ahorrarse si las agencias gubernamentales usaran mejor los recursos que se les han asignado y si el Congreso acabara con los programas despilfarradores y redundantes”, dice un nuevo estudio del Foro Nacional de Inmigración, un grupo que apoya una reforma inmigratoria integral. Entre las conclusiones del estudio se cuentan:
El gobierno deportó en 2010 a 197.000 inmigrantes que no tenían antecedentes delictivos, a un costo de 23.000 dólares cada uno, lo que representó un gasto de 4500 millones de dólares. En vez de deportar a trabajadores agrícolas que requiere el mercado laboral local, el gobierno debería concentrarse en la deportación de criminales violentos, afirma el estudio.
El gobierno gasta 7500 dólares por cada arresto en la frontera con México, un incremento del 500% respecto de lo que gastaba seis años atrás. Sin embargo, pese a este enorme aumento del gasto, el número de detenciones en la frontera no ha cambiado gran cosa. ¿Estamos gastando bien nuestro dinero?, pregunta el estudio.
El gobierno ha incrementado su presupuesto destinado al patrullaje fronterizo en un promedio de 300 millones de dólares anuales desde 2005, pese a que el número de gente que cruza ilegalmente la frontera ha disminuido. Con sólo acabar con los aumentos anuales al presupuesto de la patrulla fronteriza se ahorrarían cientos de millones de dólares, afirma el estudio.
Los partidarios de una reforma inmigratoria integral dicen que en vez de despilfarrar dinero se debería resolver el problema de fondo: un sistema inmigratorio que no concede suficientes visas legales y obliga a millones de inmigrantes trabajadores a ingresar en el país sin documentación legal.
Los indocumentados son arrestados cada vez más por empresas privadas de detención, que se han convertido en un poderoso lobby en Washington. En un informe reciente de la cadena National Public Radio, la reportera Laura Sullivan concluyó que la draconiana ley antiinmigración de Arizona fue gestada entre bambalinas por “la industria de las empresas carcelarias privadas”. El informe citaba a la Corporación Correccional de Estados Unidos, la empresa carcelaria privada más grande del país, como una de las que presionaron a favor de la ley de Arizona.
¿Debemos seguir derrochando dinero en detenciones y deportaciones que no frenan la inmigración?, le pregunté a Ira Mehlman, de la Federación para la Reforma Inmigratoria, un grupo que quiere reducir el nivel de inmigración.
“Deberíamos gastar más en hacer cumplir las leyes, especialmente en los lugares de trabajo”, dijo Mehlman. “En 2007, Nueva York recaudó 554 millones de dólares por violaciones del estacionamiento, mientras que el gobierno federal recaudó apenas 7 millones en 2010 de la empresas en las que encontró indocumentados. Eso revela que no estamos haciendo mucho para lograr que los empleadores cumplan la ley y no contraten a ilegales.”
Mi opinión: si Obama y el Congreso están considerando seriamente recortar drásticamente el gasto público -reduciendo todo, desde los fondos del FBI hasta los subsidios a las pensiones-, deberían discutir también cortar el despilfarro en el área de inmigración.
Como mínimo, deberían discutir seriamente si tiene sentido gastar 4500 millones de dólares en deportar a trabajadores que no han cometido delitos graves y que hacen labores que los estadounidenses no quieren hacer, y al mismo tiempo cortar fondos destinados al FBI y a otras agencias policiales que están tratando de poner tras las rejas a criminales peligrosos. Para mí, eso no tiene sentido.
