La propiedad de la tierra
Por Gustavo Grobocopatel | Para LA NACION
El debate sobre la ley de extranjerización de tierras es una excelente oportunidad para revisar o reafirmar creencias e ideas sobre un tema tan cercano a nuestras emociones. Aunque el contexto y los actores hoy son diferentes, la “pampa gringa” fue producto de la “extranjerización” de tierras, de inmigrantes que vinieron de Europa, la mayoría ni siquiera nacionalizados argentinos, a hacer “la América”. Mis bisabuelos y abuelos fueron parte de esa gesta que les permitió a ellos y a otros miles de extranjeros desarrollarse con libertad en esta nueva y gloriosa nación.
En estos últimos años el temor a la falta de alimentos impulsó a muchos gobiernos en el mundo a tomar medidas proactivas con relación al acceso a la tierra, algunos comprando y otros limitando las ventas, todos con encomiables intenciones pero con limitados logros. Comprar, limitar y prohibir no lograron incrementar la seguridad alimentaria perseguida. Tuve varias experiencias personales con jefes de Estado, funcionarios de alto rango e importantes compañías que, habiendo comprado tierras, se encuentran con un nuevo problema, más difícil de resolver: ponerla a producir en forma competitiva.
La relación entre la propiedad de la tierra y su puesta en producción es un tema que se encuentra, desde hace varios años, también en revisión en los ámbitos académicos, gubernamentales y empresariales. Sobre la base de estos conceptos teóricos se han creado modelos de negocios que no incorporan la necesidad de la propiedad de la tierra para crear valor. Estas construcciones suponen que en la economía del conocimiento la producción sustentable no está relacionada con la propiedad de los tradicionales factores de la producción -tierra, capital y trabajo-, sino que se relaciona con la capacidad de coordinación de todos ellos a través del conocimiento, es decir, la capacidad de gestión. Este modelo, desde mi punto de vista, es esperanzador. Imaginemos que la posibilidad de ser productor no se restringe sólo a los hijos de chacareros o estancieros; un joven emprendedor tiene la misma capacidad de acceso que un heredero. Esto significa un nuevo paradigma en movilidad social y en democratización del acceso a la producción. El modelo incentiva el “emprendedurismo”, la innovación y su difusión, la incorporación de tecnología, la sustentabilidad, la productividad frente a la renta, una sociedad de “redarquías” con menos jerarquías. Por supuesto que el Estado debe facilitar el proceso, colocando reglas de juego claras y estables, haciéndose cargo de los controles y de la fijación de límites.
En este contexto global, muy estimulante, permítanme compartir algunas reflexiones. Entiendo que el proyecto de ley que limita la extranjerización persigue el control de la tenencia de la tierra para dar ventajas en el acceso a la tierra a ciudadanos argentinos frente a los extranjeros, en la idea de que así podremos asegurar y controlar el destino de los alimentos. La pregunta que debemos hacernos es si una ley como la que hoy está en debate permitirá lograr esta aspiración.
Desde mi punto de vista, limitar la propiedad a los extranjeros no incrementará ni tendrá efectos sobre el acceso a los alimentos. Un extranjero no puede llevarse la tierra a su país; en todo caso, podría llevarse granos o dinero; bastaría entonces con el control de los flujos producidos. Es decir, si determináramos que no nos alcanzan los granos o no nos gusta el cliente a quien le vendemos, podríamos prohibir las exportaciones, práctica por otro lado usual en varios países. En este argumento hay también una contradicción para la Argentina, ya que hoy producimos alimentos para cuatro veces nuestra población y podríamos hacerlo para ocho veces, si atrajéramos inversiones, aspecto en el que esta ley decididamente no colaborará. Para tener seguridad alimentaria y progreso, el camino más corto, eficaz e inclusivo es aumentar la producción, y la Argentina es uno de los pocos lugares del mundo donde esto se puede hacer en el corto plazo.
La preocupación sobre la seguridad alimentaria y el control de la especulación es loable, pero esta ley, tal como está planteada, no sólo no resuelve estas cuestiones, sino que va contra el desarrollo del país y el interés nacional.
Sin embargo, es posible alinear estas expectativas con medidas más sencillas. Por ejemplo, en Uruguay las inversiones extranjeras requieren un permiso previo del Estado y la presentación de un “proyecto productivo”. De esta manera, el Estado se asegura el origen de la inversión, pudiendo limitarla, y controla que el destino de ésta tenga impacto sobre el desarrollo. El Estado no limita, sólo controla y direcciona; pero atención con el aumento de la burocracia, que, sabemos, es la madre de la corrupción.
Tampoco la ley asegura que se protejan o no los recursos naturales. Para eso deberíamos tomar algunas medidas sobre las que hay amplios consensos: obligar a contratos de alquiler de largo plazo (se conseguiría con derogar el artículo de arrendamiento accidental), sacar los desincentivos al trigo y maíz para que haya rotaciones, incentivar prácticas como la sistematización de los campos o la agricultura por ambiente, etcétera.
El campo argentino necesita inversiones, de los argentinos y de los extranjeros, públicas y privadas. Más agricultura sustentable, más industria, más servicios, más investigación y desarrollo, más emprendedores. Este debate, esta propuesta de ley, estas iniciativas, deben ir en esa dirección, facilitando y acelerando el proceso. La Argentina puede ir más rápido, y nuestra recuperación puede ser más profunda, más inclusiva y llegar así más lejos.
Estamos frente a una oportunidad histórica. Que sea de todos y logre estructurar un moderno sistema de desarrollo sustentable dependerá de lo que construyamos y hagamos juntos. La complejidad del mundo actual exige consensos a partir de diversas miradas. Si hacemos las cosas bien, nos irá bien.
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