Las drogas
El narcotráfico se encuentra íntimamente ligado al fenómeno del crimen organizado y el terrorismo transnacional. Según el Informe Anual del GAFI (París, 2010), gran parte de los activos que manejan estos grupos criminales provienen del narcotráfico (seguido por los delitos de tráfico de personas, extorsión y secuestro). A su vez, según las últimas estadísticas de las Naciones Unidas las ganancias anuales del narcotráfico superan los 340.000 millones de dólares (Global Illicit Drug Trend, 2010).
Nadie discute a estas alturas que el narcotráfico, ejecutado por organizaciones delictivas de alcance global, de enorme poderío económico y técnico, generador de corrupción y destrucción de formas legítimas de convivencia, constituye una de las amenazas más graves a la paz mundial en el presente. Su poder económico, técnico y de lobby suele ser su garantía de impunidad. Tanto es así que muy rara vez se termina condenando al jefe máximo de la organización. Y, cuando eso ocurre, los líderes capturados pueden ser reemplazados por otros más jóvenes, más poderosos y mejor armados, que se ven motivados por las ganancias astronómicas que arroja la actividad criminal.
Donde sí existe debate, y cada vez más marcado, es en torno a las políticas públicas que se deben adoptar a nivel internacional para disminuir el avance de este verdadero flagelo del mundo globalizado y posindustrial del siglo XXI. Cada día, con más fuerza, se escucha la postura de “despenalización de las drogas”. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, afirmó hace unos días en México que la violencia derivada del narcotráfico que padece ese país se extenderá por América latina si no se apuesta por la “legalización de la droga”. Lo mismo sostuvo el destacado escritor en su artículo “El otro Estado”, publicado por La Nacion el 16 de enero del año pasado. En esta misma línea se encuentra The Economist (según nota de tapa: ” How to Stop the Drug War “, de marzo de 2009) y algunos pocos políticos y científicos del mundo académico. Las propuestas más osadas plantean la despenalización total e indiscriminada de las drogas, mientras que otras se refieren sólo a las “livianas”, como la marihuana. Los argumentos centrales de las propuestas son: primero, que las políticas actuales contra el poder económico y la corrupción de los carteles y las mafias ha fracasado (cada día hay más tráfico de drogas, y el “mal menor” contra su avance es la despenalización de las drogas instrumentada mediante un acuerdo entre países consumidores y productores, que priorice la prevención por sobre la represión). Segundo, este acuerdo echará por tierra el precio en el mercado de las drogas y, con él, las ganancias millonarias de los grupos criminales, mientras que el crecimiento del consumo podrá aplacarse con políticas educativas y de reinserción social financiadas con la redistribución del dinero que hoy se gasta para sostener las inútiles políticas actuales.
Sin embargo, cabe destacar que esta iniciativa de legalización goza, entre otras, de dos debilidades. Primero, ¿dónde están las pruebas empíricas o estudios científicos que demuestren, por ejemplo, que el consumo disminuirá ante un nuevo panorama de legalización? Se suele decir que así ocurrió en países como Holanda, que aplicó políticas permisivas contra las drogas; pero finalmente no se revelan las evidencias que demuestren tal afirmación. Aun si así fuera, está claro que el ejemplo de un solo país no es suficiente para sostener un esquema regional o global de despenalización. En segundo término, esta propuesta pretende contradecir, sin las necesarias pruebas, el contenido de los tratados internacionales de Naciones Unidas, Consejo Europeo y la OEA, que, vale recordar, son de cumplimiento obligatorio para los países que los ratifican ( hard law ). Un ejemplo de aquello es la Convención contra el tráfico de estupefacientes de Naciones Unidas (1988), ratificada por casi todos los países del mundo (170, a la fecha) y que exige la penalización de la distribución, compra y venta de estupefacientes, la adopción de reglas preventivas tendientes a bloquear las vías de financiamiento de los grupos criminales y a mejorar la cooperación internacional. Entonces, ¿tan equivocada está la comunidad internacional en pleno al seguir una política de penalización de drogas? Sólo estudios de peso, que aún no se han mostrado, pueden justificar el ir a contramano del rumbo elegido por los países del mundo. Parece que lo prudente es seguir apostando a la construcción de un ordenamiento penal internacional que deje espacio para pensar que todavía podemos consensuar cómo proteger valores jurídicos de toda sociedad, tales como la salud pública de los ciudadanos, el régimen socioeconómico y la democracia de las naciones, que se ven amenazas por las drogas y sus traficantes.
