Argentina Actual

Los recientes episodios vividos en Baradero, que se suman a otros tantos de distinta envergadura que se han sucedido en todo el país, muestran no sólo el pésimo estado de ánimo de nuestra población, sino también una sumamente peligrosa falta de contención institucional.

Pareciera que en la génesis de todas estas manifestaciones existe no sólo una creencia primitiva en la eficacia de la justicia por mano propia, sino, simultáneamente, una desconfianza profunda por el tratamiento que puedan dar las autoridades constituidas a la solución de los conflictos sociales.

La razón de esa conducta, cada vez más generalizada, obedece -como en todos los fenómenos sociales- a distintas causas, pero reconoce, más allá de toda duda, profundas raíces políticas. Apelar a la ansiedad de los argentinos para sancionar al presunto culpable de un hecho sin esperar las instancias legales de todo proceso judicial es sólo una parte del problema. A ello puede agregarse que la propia dinámica de la televisión, al mostrar en directo una situación desgraciada, interrogar a vecinos como si fueran testigos de cargo y llegar en apenas unos minutos a conclusiones sobre la culpabilidad o inocencia contribuye ciertamente a la peligrosa aparición de una especie de “justicia popular”, de alcances imprevisibles.

El castigo que entonces se impone con escenas cercanas al linchamiento, vandalismos y hasta el incendio de las viviendas de los presuntos culpables supone la irrelevancia del fallo judicial, cuando se dicte.

Ninguna argumentación que valga puede justificar la muerte en Baradero de dos adolescentes. Los responsables, si la Justicia determinase que los hubo, deben ser sancionados. Sin embargo, también es necesario advertir que el desgraciado episodio empezó por una infracción de tránsito que habría sido cometida por las víctimas, infortunadas partícipes de una frecuente inobservancia de la reglamentación de tránsito.

Tampoco hay excusa para los gravísimos disturbios que, con motivo de ese accidente, protagonizaron grupos de jóvenes y mayores al atacar propiedades públicas y privadas. En Baradero abundan las motocicletas y los motociclos; muchos de sus conductores no utilizan el casco protector y llevan en sus vehículos más pasajeros que los autorizados. Ambas conductas son sancionadas por la ley. Al parecer, los dos adolescentes, una mujer y un varón, circulaban sin el casco puesto en una moto y, según algunos testimonios, fueron perseguidos por una camioneta de control de tránsito que habría tratado de encerrarlos y generado el encontronazo que tronchó sus vidas.

La reacción posterior fue atroz y alarmante. En poco más de media hora, grupos juveniles tomaron conocimiento de la tragedia, juzgaron y condenaron a los inspectores municipales, quemaron la camioneta que conducían y se entregaron a un frenético ejercicio de vandalismo, en que fueron secundados por personas mayores y por la habitual comparsa de sujetos encapuchados y con el torso desnudo, provistos de palos y de piedras. El intendente de Baradero afirmó que intervinieron activistas.

No puede más que condenarse el estallido que pretendió hacer justicia por propia mano, que se tradujo en el arrasamiento e incendio de la sede municipal. Además, fue quemada la casa del jefe de los inspectores municipales, arrasada una emisora de radio -ya anunció que no volverá a salir al aire- y cometidos otros daños por el estilo. La policía demoró inexplicablemente su intervención, mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, atribuyó el ilegal y reprochable ataque de furia a sectores opositores.

No conforme con esas salvajes agresiones, hubo gente que concurrió al sepelio y posterior marcha por las víctimas montada en motos, sin usar casco, llevando bebes a cuestas o con dos y hasta tres pasajeros. Como si quisiese jactarse de que nadie le obligará a acatar normas imprescindibles.

En suma, se trata de otro exponente de que vastos sectores de nuestra sociedad están transitando al filo mismo de la anomia, madre de la anarquía. No debe asombrar si se advierte que desde los más altos niveles del gobierno nacional se hace alarde de desprecio por los dictados de la ley y de ciertas sentencias judiciales.

Anteayer, tras una marcha en reclamo de justicia, el padre de una de las víctimas expresó que, gracias a la renuncia del jefe de inspectores “todos esos chicos van a poder ir tranquilos por la calle sin que los tiren de la moto. Se van a salvar muchas vidas”.

La aseveración fue premonitoria, aunque dolorosamente errónea. Mientras esas palabras eran pronunciadas, en el mismo Baradero otro joven chocó con su moto un auto particular. El motociclista fue internado con politraumatismos en todo el cuerpo, pero especialmente craneanos, que ponían en riesgo su vida. Por supuesto, no usaba casco protector.
Editorial IBaradero, sólo una muestra

El dolor por dos jóvenes muertos no puede justificar el extremo nivel de violencia y anomia desatados

> Ir a la notalanacion.com | Opinión | Mi?oles 24 de marzo de 2010