Los peligros que encierra un país sin controles
La función de control es esencial en las democracias. Sin control la discrecionalidad y la impunidad aumentan; los funcionarios comienzan a comportarse como dueños de los recursos y los derechos de los ciudadanos y hacen con ellos lo que se les ocurre. Sin control no hay límites al poder, ni se puede hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios.
Un principio elemental del control es que el controlante no dependa del controlado, es decir que sea independiente. Ese principio no se cumple acabadamente en el sistema político argentino. En efecto, la Sindicatura General (Sigen) depende del gobierno de turno, al igual que la Oficina Anticorrupción. La Auditoría General de la Nación (AGN), que es el órgano de control externo en la órbita del Congreso, está integrado por siete miembros, cuatro de los cuales pertenecen al oficialismo.
La independencia no basta; es necesario que los organismos de control tengan la competencia y los recursos necesarios para llevar adelante su labor. Si el órgano de control no puede acceder a la información necesaria, directamente el control no existe. Si el controlado -en este caso el Gobierno- no brinda la información sobre las compras que realiza, los precios que paga, las empresas que contrata, los subsidios y recursos que reparte, el control es imposible. Es el caldo de cultivo perfecto para el abuso de poder y la corrupción.
El control tiene por finalidad detectar los problemas, pero no como una cacería de brujas, sino como un mecanismo de corrección. Los informes de la AGN incluyen sugerencias y recomendaciones para que la administración corrija errores, mejore sus procedimientos, en fin, ajuste su actuación a la ley. Pero de poco sirven esas sugerencias, si el Congreso actúa como obstáculo al control, al acumular los informes sin darles tratamiento.
El Gobierno tiene una actitud paradojal en materia de información. Mientras el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, intima a las consultoras privadas para que le digan en qué basan sus estudios y mediciones sobre los niveles de inflación, bajo amenaza de aplicar sanciones, el mismo Gobierno se muestra reacio a brindar la información que le solicita la Auditoría General de la Nación, que ha debido recurrir a la Justicia para intentar conseguir los datos necesarios para realizar su labor. Tampoco es seguro que el medio elegido sea eficaz, ya que el cumplimiento de las órdenes judiciales no es precisamente una conducta habitual de esta administración.
El Gobierno ha dado pruebas suficientes de su escasa vocación por la transparencia. La Sigen dejó de publicar en su página de Internet los informes que elabora. El organismo que se encargaba de velar por el acceso a la información pública fue desarticulado. La Jefatura de Gabinete se escuda en el derecho a la intimidad para no responder los pedidos de información sobre publicidad oficial o el programa Futbol para Todos. El Indec dejó de dar información para trasmitir el “relato” oficial, que poco tiene que ver con la realidad.
La falta de transparencia no sólo pone de manifiesto un desprecio notable por los principios básicos de la República, sino que da lugar a la sospecha. Si la administración ha actuado dentro de la ley, por qué no proporcionar la información solicitada por el organismo de control. Por sólo mencionar un caso, si los subsidios a las obras sociales para la compra de medicamentos se otorgaron correctamente, qué problema hay en dar esa información. La causa que investiga la denominada “mafia de los medicamentos” parece dar alguna explicación.
El déficit en la función de control genera incentivos para la corrupción, favorece el abuso de poder, facilita la influencia del crimen organizado en las estructuras del Estado, afecta la seguridad jurídica y garantiza la impunidad.
En la Argentina, la falta de control no es una amenaza futura, sino una realidad que se agrava cada día. Es preocupante porque en un país sin control lo que está en juego es la libertad.
