Argentina Actual

Por Adrián Ventura | LA NACION Sin demora alguna, el Gobierno encendió la maquinaria de la reforma constitucional: luego de haber reinstalado el reclamo de soberanía sobre Malvinas, de haber casi cerrado el caso Ciccone y asegurar ayer la sanción de la ley de expropiación de YPF, el próximo objetivo consiste en instalar el debate sobre la reelección presidencial. El clima no podía ser más propicio. Por un lado, Malvinas e YPF hicieron resurgir el fervor nacionalista y ambos temas fueron asimilados con la soberanía. Y, por el otro, la presidenta Cristina Kirchner, cuya nueva gestión mostraba tempranos signos de deterioro -producto de medidas económicas, de la inflación y de la tragedia de Once-, logró retomar la iniciativa. El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni iba a ser uno de los protagonistas de un seminario sobre reforma constitucional realizado ayer. No pudo serlo por un accidente doméstico. Pero la sola mención del juez supremo lleva a recordar que es un férreo defensor del sistema parlamentario. Este sistema político, en el cual el pueblo vota a los diputados y éstos, a su vez, eligen a un primer ministro (como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, España o Italia), tiene para el oficialismo el atractivo de permitir la reelección indefinida. Una alquimia capaz de transformar a la Presidenta en “Cristina eterna”. Pero sus partidarios no dicen que en muchas partes del mundo ese sistema fracasó. Ayer, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a raíz de una pregunta que le hizo un periodista durante la Cumbre Iberoamericana de Jueces, opinó “a título personal”. No hay inconveniente en ello, porque el tema no está a estudio del tribunal y son los poderes políticos los únicos que pueden impulsar una reforma. Lorenzetti, por cierto, no buscó entrar en controversia alguna con Zaffaroni ni con los grupos kirchneristas ni, mucho menos, con el Gobierno. Pero dejó en claro su posición, la que en realidad ya era conocida: sostuvo que no es necesario reformar la Constitución porque la actual Carta Magna, en muchos artículos y tratados, consagra todos los derechos imaginables y, además, porque es partidario del presidencialismo. OPINIONES DIVIDIDAS En la Corte, las opiniones de los jueces están divididas. Hay quienes creen que el parlamentarismo puede atemperar el ejercicio del poder, mientras que algunos otros jueces consideran que la reforma de las instituciones no sirve para cambiar la cultura política. Claramente, el Gobierno no necesita el aval de los jueces para impulsar la reforma. Pero el apoyo de alguno de ellos sirve para relegitimar el debate. Ahora bien, si el tema llega a instalarse, habrá que analizar varias cuestiones: Como la Constitución dice que, para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma, se necesitan dos tercios de cada cámara legislativa, se requiere el aval de buena parte de la oposición. ¿Qué hará la UCR, que en 1994, terminó pactando la reforma con el menemismo? Ayer, la UCR votó con el Gobierno el proyecto YPF. La reforma de 1994 se hizo, en aquellos años, bajo la justificación de que era necesaria para asegurar la política económica. Una excusa. Ahora se invocará otra. Pero el fin último de la reforma será siempre habilitar la reelección y la permanencia en el poder.