Argentina Actual

Por Silvia Stang | LA NACION
En casi 5,4 millones de hogares de la Argentina no llega el gas por la red pública, por lo cual para cocinar o calefaccionarse las familias deben recurrir a la opción bastante más cara, de comprar el combustible envasado en garrafas o tubos, o bien a la leña o al carbón.

Son, por otra parte, 5,7 millones los hogares que dependen de un pozo ciego o de otra alternativa para el desagüe, porque no disponen de cloaca. Y 1,9 millones de familias no pueden abrir la canilla y refrescarse, cocinar o lavar con agua potable, por falta de acceso a la red pública de ese servicio.

Los datos surgen del último censo nacional de población, realizado por el Indec en 2010, que fueron difundidos recientemente.

Cuando se miran los índices de acceso de la población a servicios básicos y se los compara con los del relevamiento previo -hecho en 2001-, los números muestran que no hubo avances muy significativos, por lo menos en el dato para el total del país.

Eso parece ser producto de la persistencia de la pobreza estructural y de una política energética que estuvo lejos de promover la inversión. En rigor, sí existió una mejora, tanto en términos absolutos como relativos, de la cantidad de familias con disponibilidad de agua o gas de red y también de cloacas, pero sin que se haya dado un salto largo y con fuerte disparidad según la provincia.

Los resultados del Censo 2010 indican que el 56,2% de los hogares -6,8 millones en números absolutos- disponen de gas de red, contra el 50,3% que contaba con el servicio una década atrás. La disponibilidad de cloacas abarca al 53,1% frente al 47,2% de 2001, y la de agua corriente de red, al 83,9% de las familias, mientras que diez años atrás el índice era del 80,1 por ciento. En términos absolutos, hay 1,6 millones más de hogares con gas; 1,7 millones más con cloacas, y 2,1 millones más de familias con agua de red, en un período en el que el número total de hogares creció en poco más de dos millones.

En el caso del gas, las provincias que en 2001 directamente no tenían habitantes con acceso al servicio siguen en igual situación: se trata de la región nordeste, incluidas Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

El resto del país muestra fuertes diferencias en el porcentaje de familias con servicio. Mientras que la conexión llega al 92,2% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos accede uno de cada cuatro, y en provincias como Córdoba, Santa Fe, San Juan y San Luis, la mitad de las familias reciben el gas de red. Los índices más bajos se dan en provincias del Norte, como La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, en tanto que a más del 80% de los hogares patagónicos le llega el combustible de la red pública, con un pico en Santa Cruz (94,6%).

No sólo el índice de acceso muestra una pronunciada disparidad, sino también la evolución que hubo. Jurisdicciones como Entre Ríos, Córdoba y La Pampa avanzaron varios puntos, mientras que en provincias del Norte con algún grado de acceso el índice quedó estancado.

“Para un período de diez años no es muy distante pasar del 50 al 56%”, evaluó el ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, sobre el dato de acceso al gas. Recordó que el congelamiento tarifario impuesto por la emergencia económica en 2002 “hace que las empresas estén fuera de punto, con una situación de baja rentabilidad, iliquidez y consecuente falta de inversión”. “No se han ampliado refinerías ni se hicieron inversiones en exploración”, observó Lapeña. Para Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, a la falta de inversiones, se suma la vulnerabilidad socioeconómica que afecta a gran parte de la población sin acceso al servicio, lo que torna fundamental el rol del Estado.

“No sé si un aumento de tarifas habría sido garantía [de mayores servicios], porque los lugares con déficit son los de mayor pobreza y marginalidad. Según afirmó, hay zonas donde pasa la red de gas o agua por la calle, pero muchas familias no hacen la conexión por los costos.

El tema del congelamiento de tarifas llevó a otra problemática que es la del Estado subsidiando durante muchos años a la población en general, incluidos los sectores de ingresos medios y altos que podrían haber pagado más por los servicios de gas, agua y electricidad.

El papel efectivamente cumplido por el Gobierno aparece, así, cuestionado por una doble vía: por un lado, porque no promovió con inversión social el acceso a los servicios para la población más pobre; por el otro, porque asignó recursos públicos a una población no necesitada, algo que recién ahora se empieza a revertir.

En el caso del acceso a las cloacas y al agua de red, la dispersión del índice según la provincia que se mire es algo menor que en el servicio de gas. Nuevamente, la zona más desfavorecida es el Norte. En Misiones sólo el 18,6% de los hogares tiene cloacas (en 2001 era el 12,3%) y en Santiago del Estero el indicador avanzó en la década unos cinco puntos, para ubicarse ahora en el 21,9 por ciento. Con un 98,2% de la población cubierta, la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con tasa más alta, en tanto que en el conurbano el índice es del 41,1 por ciento.

El agua de red llega a prácticamente la totalidad de los hogares de la ciudad porteña, mientras que en el área del conurbano la tasa cae al 71,9% de las familias