Argentina Actual

Por Martín Lousteau | Para LA NACION

La economía global está en terapia intensiva: crecerá poco y nada en los próximos años, con probabilidades no desdeñables de caer en una nueva recesión. Ello implica que las tasas de interés en los países desarrollados permanecerán bajas, lo cual es positivo para nuestro país y la región en general. Pero también es posible que el mundo compre menos nuestros productos, o que caigan los precios de nuestras exportaciones. Si eso ocurre habrá menos fondos disponibles, tanto en el sector privado como en la esfera estatal. Es en este marco que debemos analizar si estamos haciendo una adecuada utilización de nuestros recursos actuales, como es el caso de los subsidios económicos que incluyen: energía, transporte, agroalimentos y financiamiento del déficit de empresas públicas.

Esta discusión ya fue planteada en el seno del gobierno apenas hubo asumido la actual administración en diciembre de 2007. Ese año, el monto utilizado para los fines arriba mencionados había alcanzado los $ 15.000 millones; y venía casi duplicándose desde 2003, año en el que arrancaron con apenas $ 1.500 millones. Sin embargo, Kirchner prefirió continuar con el esquema vigente que siguió aumentando en volumen. Este año habremos gestado la friolera de $75.000 millones, lo que equivale a 4,1 puntos del PBI. Eso significa que estamos destinando nada menos que el 4% de todo lo que se produce anualmente en el país a mantener este paquete de subsidios, cuyos beneficiarios corresponden mayoritariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano.

Quizás algunas comparaciones sirvan para dar una mejor magnitud del desatino. De cada $ 100 que el gobierno hoy gasta: $ 35 corresponden a jubilaciones, $ 25 a salarios, $ 15 a obra pública y $ 5 a planes sociales -de los cuales la Asignación Universal por Hijo (AUxH) representa sólo la mitad-, y $ 20 a subsidios. Estamos desperdiciando nada menos que US$ 500 por habitante en este último concepto, que representa así una quinta parte del gasto primario total.

Para colmo, no hay discriminación alguna en los esquemas tarifarios: las ventajas son gozadas tanto por sectores necesitados como por lo ultra-ricos. Seguramente nos escandalizaríamos si el futuro hijo de Mauricio Macri recibiera una AUxH, pero nos hacemos los desentendidos frente al regalo que conlleva el precio artificialmente reducido de la electricidad y el gas que usa en su casa de Barrio Parque.

Si mediante un sistema de tarifas sociales -perfectamente viable- ahorráramos la mitad de lo que estamos derrochando en quienes no lo necesitan, podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en un año tendríamos la red ferroviaria que reclama Pino Solanas, quien podría así retirarse tranquilo habiendo cumplido al menos la mitad de su cometido (y le prometemos discutir también qué hacer con el petróleo y la minería). Alternativamente podríamos multiplicar por 2,5 veces el gasto en salud, eliminando además la desnutrición y la mortalidad infantil. O duplicar el gasto en educación, para mayor envidia de los chilenos.

Antes lo que se recaudaba en derechos de exportación a los productos primarios y manufacturas agropecuarias sobraba holgadamente para hacer frente a estos subsidios. Pero ahora, la cuantía de éstos últimos duplica a los primeros. Por ese motivo el Gobierno se ha visto obligado a apelar a otras fuentes de financiamiento para su actividad, entre ellas la emisión de dinero que alimenta la inflación.

Desde que este sistema se puso en vigor nos hemos gastado un acumulado de nada menos que US$ 60.000 millones, lo que supera en mucho las reservas totales que tiene hoy el Banco Central. Y la dinámica es exponencial: si no hacemos nada, en 2012 habremos sumado otros US$ 21.000. Cuando comenzó la crisis financiera internacional, EE.UU. decidió armar un paquete de rescate bancario de nada menos que US$ 700.000 millones. La cifra parece exorbitante en estas latitudes, pero es al tamaño de la economía estadounidense lo mismo que esos US$ 21.000 a la nuestra. Y en su caso era por única vez, mientras nosotros debemos afrontarlo todos los años.

Recientemente Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo, escribió un artículo reclamando a los políticos norteamericanos que dejaran de mimar a los ricos con ridículas rebajas de impuestos. ¿Hará falta que todos aquellos que no precisamos los subsidios para afrontar los servicios exijamos públicamente que nos los retiren? Quizás sólo así se decida el Gobierno a dejar de malgastar tanto dinero. Podría entonces dedicarlo a mejores fines, y hasta corregir las desarreglos macroeconómicos que padecen millones de argentinos que ven como la suba de precios erosiona cada mes su poder adquisitivo.