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“Acá no funciona absolutamente nada de eso”, replica, seca y desconfiada, María Laura Martí, desde su casa de San Miguel de Tucumán. En los papeles, su vivienda es el domicilio legal que fijó la sociedad anónima que trajeron de España el nuevo dueño de la ex Ciccone Calcográfica y el deudor declarado del vicepresidente Amado Boudou.

Constituida en marzo de 2007, en Madrid, Agroibérica de Inversiones SA comenzó su desembarco en la Argentina pocos meses después. Pero en vez de instalarse en la ciudad de Buenos Aires sus socios optaron por Tucumán. Y fijaron el domicilio legal de la firma en la calle San Miguel número 623, de la capital tucumana.

“Ese dato es erróneo. No tenemos nada que ver con esa firma”, insiste María Laura, a cuyo nombre figura el teléfono de la casa, ante la consulta de LA NACION. Pero no es ella sino Alejandro Antonio Martí, de 65 años, quien figuró en el Boletín Oficial de la provincia, en febrero de 2008, como uno de los dos representantes legales de la firma, en ese inmueble.

Como reveló LA NACION hace diez días, otra sociedad vinculada con el nuevo dueño de la ex Ciccone, Alejandro Paul Vandenbroele, registra la misma práctica al constituirse. Ocurrió lo mismo con el jubilado por el haber mínimo Carlos Schneider, de Longchamps, en el conurbano bonaerense.

Schneider, un ex marino mercante de 75 años aficionado a apodar “Piluso” a quien se le ponga enfrente, figura ante la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense como el rostro visible del fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez controla la firma argentina The Old Fund SA, con la que Vandenbroele, quien figura como abogado monotributista ante la AFIP, tomó las riendas de la imprenta gráfica más importante del país.

En Tucumán se repitió la historia. O fue su precedente, aunque María Laura no quiere aportar ningún dato sobre Alejandro Martí. “Con la inseguridad que se vive, y el tema de que estamos hablando, dejémoslo así”, dice, luego de que LA NACION le explicó el motivo de la consulta.

El otro supuesto representante legal de Agroibérica de Inversiones es Sandro Luis Molinari, de 66 años, quien declaró como domicilio personal un departamento en la Capital Federal. LA NACION procuró contactarlo ayer, pero no respondió las llamadas.

De los registros oficiales surge que la Justicia también afrontó dificultades para ubicarlo. Durante 2002, por ejemplo, un Juzgado en lo Comercial terminó por publicar edictos para intimarlo a que se presentara en un juicio por deudas “bajo apercibimiento de designársele defensor oficial”.

La sociedad que en teoría Martí y Molinari representan desde Tucumán se constituyó con un objeto social amplio: elaborar, distribuir, comerciar, importar y exportar alimentos y bebidas “y todo tipo de productos”. También, comprar, administrar y vender bienes y “participaciones sociales de empresas”, y también la “gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español”.

EL DEUDOR DE BOUDOU

Al constituirla, sin embargo, Vandenbroele, criado entre Florencio Varela y Mar del Plata, donde conoció a Boudou y al socio comercial del vicepresidente, José María Núñez Carmona, se presentó como extranjero, con pasaporte belga y con domicilio en la calle Lagasca de Madrid, en la misma dirección que la “oficina asociada” del estudio jurídico Alfaro Abogados.

Vandenbroele tomó, además, el control de la sociedad, constituida con 60.800 euros y 608 acciones. El se quedó con 602 de ellas (el 99,1% del total), mientras que su socio, Fabián Carosso Donatiello, se quedó con el 0,9% restante. Es decir, seis acciones.

Carosso Donatiello sí se presentó en la sociedad como argentino, aunque por entonces radicado en Madrid. Sólo luego retornó a la Argentina y comenzó a alquilar un departamento que pertenece a Boudou, quien lo declaró su deudor, por $ 10.000, en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), a mediados del año pasado.

En Tucumán, los Martí afirman que no saben nada de esto, ni quieren saberlo, cuando LA NACION insiste con algunas preguntas, una desconfianza que se replicó cuando un cronista del diario La Gaceta fue hasta el vecindario.

“Si tuviera algo que ver con Boudou no manejaría un auto como el que tengo”, replicó un hombre que se presentó como el dueño de la casa donde la sociedad fijó su domicilio, pero que se negó a dar su nombre. La casa, humilde, de una sola planta, con rejas de metal y telas de araña en el timbre, denotaba poco movimiento.