Para el Gobierno, todo apriete es válido cuando se trata de marcarle límites al Poder Judicial.
Desde los primeros días del año, el Gobierno parece decidido a redoblar la presión sobre el Poder Judicial, incluso con proyectos que son absolutamente contrarios a la Constitución nacional. Y los jueces están viviendo un clima cada vez más asfixiante.
Para el Gobierno, todo apriete es válido cuando se trata de marcarle límites al Poder Judicial.
Así, la jueza María José Sarmiento, luego de suspender el primer decreto de uso de reservas, vio desfilar patrulleros frente a su casa, y la Secretaría de Derechos Humanos y un juez misionero la notificaron por primera vez de que su padre, presuntamente, era un represor; la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que suspendió el segundo decreto de reservas, fue públicamente criticada por la presidenta Cristina Kirchner, y una publicidad oficial acusó a la jueza federal Graciela Medina de darle la razón a Cablevisión en otro caso.
La primera mandataria también deslizó una sospecha genérica por venta de excarcelaciones; el diputado Carlos Kunkel exhumó la remanida idea de cobrarles impuesto a las ganancias a los jueces (con la consiguiente rebaja de los haberes) o de obligarlos a jubilarse a los 75 años, con lo que reflotó una norma que fue introducida en forma irregular, a instancias de los autores del Pacto de Olivos, en la reforma constitucional de 1994. Y el diputado Alejandro Rossi, con un proyecto apoyado por el bloque oficialista y por el ministro de Justicia, Julio Alak, propone tomarles examen a los jueces cada cuatro años, para echar a los que desaprueben.
La Presidenta y sus hombres no atacan a algunos jueces que les son favorables, como Norberto Oyarbide, que sobreseyó al matrinonio Kirchner. Pero respecto de los demás no reparan en el género de los destinatarios (juezas o jueces) ni dudan en echar mano de lo peor del Pacto de Olivos, en el que radicales y menemistas, que buscaban expulsar de la Corte a tres jueces, no dudaron en incorporar en forma irregular el artículo 99, inciso 4, en la Constitución, para establecer el límite de 75 años para los magistrados.
Un fallo de la Corte de 2000 declaró que esa reforma fue nula para el caso de Carlos Fayt. Pero su colega Enrique Petracchi, que en noviembre cumple 75 años, ¿se someterá a la debilidad de tener que gestionar ante la Presidenta un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo? ¿Se volverá ultra-K para seguir siendo juez?
La Constitución, en el artículo 110, que nunca fue reformado, establece que los jueces duran en sus cargos mientras dura su buena conducta.
Tomar examen a los jueces cada cuatro años no tiene sentido ni es constitucional.
No tiene sentido, porque una sentencia, cuando es incorrecta, puede ser apelada y los jueces, cuando se equivocan reiteradamente, pueden ser removidos por mal desempeño. El problema de malos jueces tiene esas otras soluciones.
El escenarioLa presión sobre la Justicia, implacable
Adrián Ventura
> Ir a la notalanacion.com | Política | Martes 13 de abril de 2010
