Argentina Actual

Si uno parte de los tres principios que estructuran las políticas sociales en el mundo -que son el principio de la universalidad (todos tienen derecho), el principio de la contribución (tienen derecho los trabajadores formales) y el principio de la discrecionalidad (tienen acceso aquellos que el gobierno quiere)- claramente la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica dentro de este último principio. Son beneficios que no están abiertos a todos los ciudadanos, ya que un elemento clave es que establece un ingreso mínimo por encima del cual el sector informal no tiene acceso.

Resulta claro que no hay forma alguna de determinar el ingreso de los sectores informales, y, por lo tanto, necesariamente, el fijar un ingreso como requisito para acceder al beneficio es algo que deja la selección del beneficiario al poder administrador, y es por esta vía donde suele colarse el clientelismo político y el manejo discrecional de los recursos.

Este beneficio ha ampliado significativamente la cobertura, pero todavía estamos con una deuda con los chicos más pobres de las provincias más pobres, adonde aún el programa no llegó. Todavía están fuera del beneficio aquellos a los que es más difícil acceder, no tanto en los grandes centros urbanos, sino en el interior profundo, y al cual se debería llegar una vez que se remueva el requisito de los 1500 pesos de salario mínimo.

El programa, no obstante, está claramente diseñado de acuerdo con la lógica que en América latina han impulsado los organismos internacionales, básicamente los bancos multilaterales, en términos de lo que se denominan transferencias condicionadas de ingreso; son condicionalidades que podemos llamar “light”. No estamos hablando de una contraprestación “pesada”, como puede ser una actividad laboral para los padres, pero claramente plantean una diferencia significativa con otros sectores de los trabajadores.

Reproduce una estratificación que vemos, por ejemplo, en el sistema de salud, con los sectores de altos ingresos teniendo su medicina privada; los sectores medios y los trabajadores organizados en obras sociales, y los sectores de bajos ingresos con acceso al sector público, cuando tienen acceso.

Aquí sucede más o menos lo mismo; es decir, los chicos de las personas de mayores ingresos tienen excepción impositiva; las asignaciones familiares no solamente no tienen condicionalidad para los trabajadores del sector formal, sino que, además, se les paga por enviar los chicos a la escuela (esto es, hay un subsidio por escolaridad); en tanto, a aquellos receptores de la Asignación Universal por Hijo, como son “pobres, maleducados y quién sabe qué harán con la plata”, no solamente se le ponen condiciones diferentes al sector formal, sino que, además, tienen que demostrar que sus chicos van a la escuela.

Ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Esa es la sociedad que hemos construido.

© La Nacion

El autor, sociólogo, es investigador del Conicet y presidente del GEN de la ciudad de Buenos Aires