Políticas de justicia e igualdad
“No tienen voz. No reclaman. No se nuclean en agrupaciones. No hacen lobby. Aun cuando son uno de los sectores más necesitados de nuestra sociedad, los niños y las niñas pobres no tienen capacidad de demanda. Sufren sus carencias cotidiana y silenciosamente.” Así comenzaba una columna mía publicada en un diario de circulación nacional el 22 de agosto de 2008.
Un año después la situación ya no era la misma. La Asignación Universal por Hijo para la protección social, al establecer un ingreso mínimo para casi 2 millones de hogares y 3,7 millones de titulares de derecho, resultó un paso esencial en la consolidación de políticas de justicia e igualdad social para estos menores.
Desde noviembre de 2009, la Asignación redundó en una importante disminución de los índices de pobreza e indigencia y de desigualdad. Al mismo tiempo, impactó de manera significativa en salud y educación. En salud, al requerir la vacunación como condición para el acceso al derecho, ha ayudado a fortalecer el Plan Nacer y el trabajo de las provincias en materia sanitaria, además de registrarse un crecimiento aproximado al 60% en los controles sanitarios. En educación, al incluir como condición necesaria la asistencia a la escuela, generó efectos ciertamente positivos en la continuidad de la escolarización y en la mejora de las oportunidades educacionales de estos sectores vulnerables. Diversas fuentes de información revelan un aumento considerable de la matrícula de alumnos. Dos ejemplos: en 2010 la provincia de Buenos Aires, en comparación con años anteriores, duplicó la tasa de ingresantes a su sistema educativo, y el ciclo lectivo de Córdoba arrancó este año con 3,7% más de estudiantes en el nivel medio.
El economista Bernardo Kliksberg define estos programas como políticas sociales de nueva generación, ya que alcanzan a la población más postergada desde un enfoque de derecho; tienden a hacer realidad el principio del universalismo, son inclusivas y de alto impacto. Y promueven la articulación de diversos sectores: en este caso concreto, se estrechan los vínculos entre el área responsable de transferir ingresos con educación y salud.
No obstante los evidentes resultados y las oportunidades a futuro de la Asignación, algunos sectores minoritarios se preguntan por qué estas políticas deberían incluirse en el contexto de la seguridad social. Sostienen que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debería atender únicamente a la franja de jubilados y pensionados. Esta posición excluye de los beneficios de la seguridad social a los desempleados, trabajadores informales y sus respectivas familias.
Frente a ella voces e instituciones de prestigio nacional e internacional sostienen que en lugar de plantear una guerra espuria por los recursos entre grupos vulnerables, es necesario aunarlos en pos de alcanzar justicia para todos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala la necesidad de asegurar el vínculo entre protección social y mercado laboral al garantizar un piso de derechos para quienes no están cubiertos por la seguridad social contributiva. Expertos en políticas sociales, como Fabián Repetto, y la ONU recomiendan todavía un paso más allá. Presentan a la seguridad social como un derecho de las personas al acceso a programas efectivos y eficaces que alivien padecimientos derivados de riesgos sociales (Annan, 2001).
Por Silvina Gvirtz | Para LA NACION
La Argentina está avanzando en un sistema de política social que combina financiamiento contributivo y no contributivo. Lo que está sucediendo con la seguridad social es muestra.
En este contexto, debe entenderse el trabajo de la Anses cuando encara políticas como la Asignación Universal por Hijo. Los jubilados y pensionados son un grupo importantísimo al que debe atenderse, pero no son el único sector por el que el Estado debe velar. Sin voz ni poder de lobby, los hijos y las hijas de los trabajadores informales y de los desempleados también son una prioridad de esta institución, que busca reducir las brechas materiales, sociales y culturales dentro de nuestra sociedad. Celebremos entonces que el Estado, con el apoyo de la mayoría de la sociedad argentina, vuelva a asumir la responsabilidad de diseñar y sostener políticas de protección para los sectores que fueron víctimas de la exclusión y fragmentación durante tanto tiempo en nuestro país.
