Argentina Actual

Facundo Suárez Lastra
Para LA NACION
Los 2.891.082 porteños que fueron censados en octubre de 2010 porque duermen en la ciudad son menos de la mitad de los que la habitan, en el sentido dinámico que este término adquiere en las grandes metrópolis como Buenos Aires.

El censo expresa una verdad estadística: cuenta a las personas residentes, que hacen de la ciudad su lugar de vivienda permanente. Pero el concepto de población en una ciudad como Buenos Aires necesariamente excede a los residentes y extiende carta de vecindad a todos quienes a diario la transitan para trabajar, estudiar, pasear, desarrollar negocios, efectuar trámites y comprar bienes y servicios: son más de tres millones de transeúntes permanentes que viven en la ciudad -usando el auto, el subte, el colectivo, la calle, la escuela, el hospital, los baños, los espacios verdes, los restaurantes, los cines, los teatros, los shoppings, las librerías- durante un promedio de 15 horas diarias, aun cuando duerman y voten en alguno de los municipios del Gran Buenos Aires.

Entonces, la realidad es que no somos tres, sino seis millones los que habitamos la ciudad de Buenos Aires. Una mirada pequeña y conservadora de la política urbana -y que atraviesa a la mayoría de los grandes y pequeños partidos- es la de asumir esta realidad poblacional como un problema que, alguna vez, en un futuro lejano, habrá de revertirse gracias a algún prodigioso desarrollo del interior del país que reabsorba la marea humana y nos deje la ciudad para el disfrute de los que figuramos en el censo. Enorme falacia: hace ya 40 años los demógrafos de la ONU advirtieron que la marea de la urbanización es irreversible y que había que enfocarse menos en detenerla que en mejorar las capacidades de las ciudades para gestionarla.

El problema no es la población, es la política. Porque de esa mirada mezquina resultan, por un lado, la marginación de la ciudad de Buenos Aires de los recursos coparticipables, y, por el otro, la ausencia crónica de estrategias metropolitanas en la agenda gubernamental de la ciudad, o, peor aún, la presencia tóxica de visiones expulsivas, retaceo de servicios y promoción de la xenofobia.

La población, la conexidad e integración con el área metropolitana, la condición de cabecera del octavo conglomerado urbano del mundo, la enorme y creciente actividad económica con su correlato fiscal son componentes dinámicos de una oportunidad que los distintos gobiernos de la ciudad han dejado escapar, y que el actual directamente ha presentado como una amenaza fantasmal, inventando enemigos para encubrir su miopía y su ineficiencia flagrante. Vamos a traducir a números y a estrategias de inversión e integración estos conceptos.

La ecuación paradojal que atraviesa la ciudad puede expresarse así: su mayor fuente de recaudación es el impuesto a los ingresos brutos, expresión directa de la actividad económica local generada por los consumos de esos seis millones de habitantes, lo que representa el 65% de los ingresos del Estado de la CABA; al mismo tiempo, la misma ciudad está incapacitada para mantener y renovar su infraestructura física y de servicios, al no contar con recursos de coparticipación proporcionales tanto a su población como por su aporte a los impuestos nacionales.

Buenos Aires genera más de la cuarta parte de los impuestos coparticipables y solamente recibe 1,5 puntos, además de ser acreedora del Estado nacional por servicios de educación y de salud transferidos sin partidas en los últimos 35 años, primero durante la dictadura y luego durante la presidencia de Menem.

Sólo el último de los rubros, por partidas no transferidas, suma 5000 millones de pesos por año, casi el 25% del presupuesto aprobado para 2011.

A ello deben sumarse otros 1000 millones del costo de las instituciones creadas por la Constitución de la ciudad con la expectativa de una autonomía que no llegó a completarse en tres lustros, como el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y los organismos de control. ¿Por qué sumamos como pérdida el costo de organismos esenciales para el ejercicio de la autonomía? Simplemente porque la negativa de la Nación a transferir con sus partidas presupuestarias el Poder Judicial ordinario de la ciudad de Buenos Aires convierte en abstractas la mayor parte de las facultades autonómicas. El gasto se torna ineficiente y la administración de justicia -y con ello la gestión integral de la seguridad ciudadana- sigue fuera de nuestra jurisdicción.

Finalmente, la gestión de Pro con Mauricio Macri ha incorporado una fuerza policial que cuesta 700 millones de pesos por año, sin haber sabido negociar con la Nación la asignación de la partida correspondiente y sin tampoco mejorar la seguridad; antes bien ha instalado competencias y recelos que entorpecen la intervención policial.

Buenos Aires debe ser una ciudad con educación, salud, basura cero y seguridad para seis millones de vecinos permanentes y, por inercia, para los 14 millones del área metropolitana, con los recursos directamente proporcionales. Esto sólo puede hacerse desde la política en toda la dimensión de su palabra.