Argentina Actual

Por Lucas Llach | Para LA NACION
Valga, ojalá, el verbo del título en esta sección seria de un diario serio, porque está tomado de esa pregunta que se formulaba Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral : “¿Cuándo se jodió el Perú?” ¿Es apropiada una pregunta análoga para una economía que, con luces y sombras, creció de manera respetable en los años kirchneristas? Después de todo, la Argentina logró sumarse al crecimiento de los países emergentes e incluso recuperar el terreno perdido frente a sus vecinos en los años de crisis.

Sin embargo, las sombras se van haciendo más largas ahora que la luz del alto crecimiento se esconde en el poniente: la inflación; la pérdida gradual de competitividad; la tasa de interés inflada por ese default en la prosperidad que fue la manipulación de las cifras del Indec con que se actualizan los bonos indexados; las regulaciones e impuestos al comercio exterior, no empardados en el mundo capitalista; los controles cambiarios comparables a los que rigen en Venezuela e Irán.

Con el segundo mandato de Cristina, la política económica parece estar delineando una nueva fase del modelo: la DesIndustrialización por Sustitución de Importaciones (DISI). Caricatura de su antecesora de mediados del siglo pasado -la recordada ISI, Industrialización por Sustitución de Importaciones-, la DISI comparte con aquélla el instrumento de los permisos previos de importación, pero es recesiva por anacrónica: en una industria que se adaptó durante 20 años a la globalización, son muchos más los sectores perjudicados por el control masivo a las importaciones de sus insumos que los beneficiados por la desaparición de la competencia importada en el mercado de sus productos.

¿Cómo llegamos a un esquema que parece asegurar el final del ciclo económico K tal como lo conocimos? Económicamente, la segunda presidencia de Cristina se inició en los últimos días hábiles previos a la elección de octubre, cuando finalmente llegó ese horizonte tan temido contenido en la frase: “Hasta las elecciones no van a devaluar”. La mera posibilidad de una devaluación para corregir el incesante deterioro de la competitividad generó la corrida de octubre y desembocó en los controles cambiarios de noviembre. La escasez de dólares, incluso en el mercado cambiario oficial, dio lugar a la consagración final de Moreno como cancerbero de la economía argentina.

En última instancia, pues, llegamos a la DISI y los controles cambiarios por un problema previo que viene desde hace tiempo: la convivencia imposible entre precios que suben por el ascensor y dólar que va por la escalera. El atraso cambiario resultante es diferente de otros (por ejemplo, el de Brasil) porque es más costoso corregirlo con una devaluación, que en un contexto inflacionario implicaría, menos tarde que temprano, un aumento proporcional de los precios.

La entrada al laberinto en que se encuentra hoy la economía K debe buscarse, entonces, en un momento no tan reciente: en la fecha en que la política económica eligió el camino de inflación alta con atraso cambiario. En el origen del problema está la adopción de la doctrina del Tipo de Cambio Real Alto y Estable (Tcrae). Ese credo postulaba que era conveniente para el país tener niveles de salarios en dólares comparables a los de la India o China, y que eso era posible manteniendo el dólar en niveles muy altos en comparación con los precios vigentes en el país. El dólar de 3 o 4 pesos de 2003 o 2004 que defendían los teóricos del Tcrae generaba un nivel de precios en dólares similar al que hoy se obtendría con un dólar de entre 10 y 14 pesos (según la fecha de que se trate), o la competitividad que hoy se obtendría (dados los movimientos internacionales de precios) con un dólar de entre 7 y 10 pesos. Créalo: en aquella época discutíamos si un dólar cerca de $ 10, a valor hoy, era o no un dólar alto e inflacionario. Claro que lo era.

¿CONFUSIÓN COLECTIVA?

¿Padecimos una gran confusión colectiva al adoptar el Tcrae como política oficial? No completamente colectiva. Había entonces una alternativa, y es posible establecer una fecha exacta en la que se decidió no adoptarla. La administración Prat-Gay del Banco Central tenía programada la adopción explícita del sistema de metas de inflación -como el de Brasil, Chile, Australia, entre otros- a partir de 2005, que habría implicado una flexibilidad cambiaria en ambas direcciones, no sólo ascendente. Pero por ese motivo fue reemplazado el 24 de septiembre de 2004 por una conducción más manejable para el dúo Kirchner-Lavagna. De aquel intento de Prat-Gay de adoptar un esquema monetario menos telúrico que el Tcrae sólo quedaron los Informes de Inflación, una publicación trimestral del BCRA que al poco tiempo se transformó en uno de los testimonios más tristes de la manipulación de las estadísticas en la Argentina.

¿De qué sirve esta historia contrafáctica? ¿Para qué imaginar hoy lo que pudimos haber sido y no somos: un país emergente de crecimiento alto, inflación baja y sin cepos asociados al temor a devaluar? Sirve para recordar, la próxima vez, una de las lecciones de Robert McNamara en ese delicioso documental llamado The Fog of War : cuando no estamos seguros como país si estamos haciendo lo correcto, miremos qué hace el resto del mundo. Si estamos haciendo algo muy diferente, sospechemos un poco de nosotros mismos.

El autor es profesor de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella

Por Kenneth Rogoff | Para LA NACION
FRANCFORT.- Las fallas generalizadas y sistemáticas de la regulación representan los problemas evidentes de los que nadie quiere hablar cuando se trata de reformar el capitalismo occidental actual. Sí, se habló mucho de la dañina dinámica política, regulatoria y financiera que originó el ataque cardíaco de la economía global en 2008. Sin embargo, ¿es sólo un problema de la industria financiera o es un ejemplo de una deficiencia más profunda del capitalismo occidental?

Consideremos la industria de los alimentos, por caso, pensemos en la mala influencia que a veces tiene en la nutrición y en la salud. Las tasas de obesidad se disparan en todo el mundo, aunque entre los países más grandes, tal vez el problema es más grave en los Estados Unidos donde aproximadamente una tercera parte de los adultos son obesos (indicado por el índice de masa corporal superior a 30). Lo que es todavía más sorprendente es que uno de cada seis niños y adolescentes son obesos, un porcentaje que se ha triplicado desde 1980.

Hay muchos otros ejemplos en una amplia variedad de productos y servicios en donde se podrían encontrar cuestiones similares. Sin embargo, me quiero enfocar en la relación que hay entre la industria de los alimentos y los problemas más graves del capitalismo contemporáneo (que sin duda ha facilitado el auge de obesidad en todo el mundo), y la razón por la que el sistema político estadounidense le ha dedicado muy poca atención al asunto.

La obesidad afecta la esperanza de vida de muchas maneras, que van desde las enfermedades cardiovasculares hasta algunos tipos de cáncer. Los costos no sólo los asume el individuo sino también la sociedad directamente, a través del sistema de servicios de salud, e indirectamente, mediante la pérdida de productividad, por ejemplo, y mayores costos de transporte (más combustible de avión, asientos más amplios, etc.).

Sin embargo, la epidemia de la obesidad no interrumpe en absoluto el crecimiento. Los alimentos altamente procesados a base de maíz que tienen numerosos aditivos químicos son bien conocidos por ser un importante motor del aumento de peso, pero, desde una perspectiva convencional de contabilidad del crecimiento, son excelentes. Las grandes empresas agrícolas reciben dinero por producir maíz (a menudo subsidiado), y los procesadores de alimentos reciben dinero por añadir toneladas de químicos para crear un producto adictivo e irresistible. Los científicos reciben dinero por encontrar la mezcla exacta de sal, azúcar y químicos para hacer altamente adictiva la comida instantánea más nueva; los anunciantes reciben dinero por promoverla; y al final, la industria de la salud gana fortunas al tratar la enfermedad que inevitablemente se produce.

El capitalismo coronario es fantástico para el mercado bursátil. Los alimentos muy procesados también son buenos para la creación de empleos, incluidos los de alto nivel en las áreas de la investigación, la publicidad y los servicios de salud.

Entonces, ¿quién podría quejarse? Ciertamente no los políticos, que son reelegidos cuando abundan los empleos y los precios de las acciones están a la alza. En los Estados Unidos, los políticos que osaran hablar de las implicaciones de los alimentos procesados para la salud, el medio ambiente o la sustentabilidad, se quedarían en numerosas ocasiones sin financiamiento para sus campañas.

Las fuerzas del mercado alentaron la innovación, que redujo los precios de los alimentos procesados, mientras que los de las frutas y vegetales subieron. Es un punto razonable, pero pasa por alto el fracaso del mercado.

Los consumidores reciben poca información en las escuelas, bibliotecas o campañas de salud; en cambio, los mensajes publicitarios los inundan con información errónea. Dado que en la mayor parte de los países hay pocos recursos para tener una televisión pública de alta calidad, los niños quedan cooptados por los canales que pagan los anunciantes, incluidos los de la industria de alimentos.

Más allá de la desinformación, los productores tienen pocos incentivos para confrontar los costos del daño ambiental que provocan. Igualmente, los consumidores no tienen muchos motivos para asumir los costos de salud relacionados con la elección de sus alimentos. Sería muy grave que nuestros únicos problemas fueran los ataques al corazón que provoca la industria de los alimentos y el fenómeno económico equivalente que facilita la industria financiera. Sin embargo, la dinámica patológica del marco regulatorio, político y económico que caracteriza a estas industrias es mucho más dañina.

El equilibrio entre la soberanía de los consumidores y el paternalismo es delicado. Pero, bien podríamos crear un balance más sano mediante información más efectiva a través de una amplia gama de plataformas para que las personas puedan empezar a tomar decisiones de consumo y políticas mejor fundamentadas.

Por Darío Palavecino | LA NACION
En tiempos en que la carne vacuna ha perdido peso entre los consumidores argentinos, el pescado se anota entre las alternativas, junto con el pollo y el cerdo. Pese a que históricamente el comensal local se ha mostrado esquivo a la comida de mar, en los últimos cinco años el consumo anual de pescado pasó de 2,5 a 5 kilos per cápita. Aun así, es mucho el terreno que tiene por ganar, puesto que sólo 5% de lo que se captura en aguas argentinas se destina a consumo interno.

El gusto nacional
Mar del Plata, donde se concentra 65% de la pesca del país, es una buena muestra del paladar nacional. En plena temporada, o durante el resto del año en cada escapada a la costa, el turismo toma fuerte incidencia en la gastronomía y, en especial, en aquellos establecimientos donde pescados y mariscos son sus especialidades. Las rabas, con porciones que van de $ 43 a 60, están a la cabeza de las preferencias, consolidadas como entrada, solas o acompañadas por calamaretes o cornalitos. En los restaurantes del complejo portuario marplatense señalan que luego la demanda se concentra en platos clásicos: merluza, abadejo, lenguado, chernia y mero, en sus versiones de filet y en sus distintas preparaciones ($ 35 a 70); los mariscos en cazuelas, tablas con variedad de especies y paella ($ 50 a 90). El cubierto promedio en este verano es de 80 pesos.

Merluza, la preferida
En las pescaderías marplatenses admiten que, poco a poco, se nota un mayor consumo de pescado. Marcan un hito la crisis del campo y la escasez de carne vacuna. Desde entonces, aseveran en el sector, la venta tuvo pisos en ascenso. También en las pescaderías los clásicos son los que más salen. El filet de merluza está a la cabeza de las preferencias, con valores de $ 24 a 27 el kilo. Ya con valores que llegan a los $ 50, el abanico de opciones se abre con el abadejo, el lenguado o chernia. El salmón en rodajas, que rinde a la plancha o parrilla, cotiza $ 35 el kilo. El calamar entero, a $ 22. Los langostinos, según el tamaño, se pagan desde $ 40 a 50.

El sushi, un aliado
La consolidación del sushi en la gastronomía local ayudó a aumentar el consumo de pescado en el país. El boom del sushi entró fuertemente en la dieta de los argentinos, a tal punto que incentivó a muchos emprendedores a abrir locales en Buenos Aires y las ciudades más importantes del país. También se puede encontrar sushi kosher , especialmente diseñado para la comunidad judía que reside en el país.

Repunte de demanda
En 2011 se recuperó la demanda de productos pesqueros en los principales mercados: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea aumentaron las importaciones y ejercieron presión positiva sobre el precio. El incremento en la cotización internacional del pescado fue la principal causa del aumento de las exportaciones argentinas, que el año pasado ascendieron a 464.376 toneladas, por un valor de US$ 1493 millones. En tanto, las capturas totales en el país fueron de 716.131 toneladas.

Principales compradores
Brasil es el principal destino de los pescados que exporta la Argentina (45.482 toneladas), seguido por España, China, Camerún e Italia. En tanto, España concentra la mitad de las exportaciones de mariscos argentinos, con más de 63.000 toneladas, y China encabeza la compra de harinas de pescado nacionales. La merluza es la especie más demandada por el mercado mundial. La Argentina despachó 120.702 toneladas durante 2011. Entre los mariscos, reina el langostino, con envíos por 72.790 toneladas, y luego el calamar entero, con 33.838 toneladas.

Con la colaboración de Ana Tronfi

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se acercó a Steve Jobs en una reunión con popes de Silicon Valley y le preguntó por qué no hacía el iPhone en su país, para crear más empleos. El fundador de Apple fue categórico: “Ese trabajo no volverá a hacerse aquí”.

La anécdota sirve para entender cómo funciona el desarrollo industrial en el mundo actual. Apple se ha convertido en una de las compañías más conocidas, admiradas e imitadas, en parte, a través de un dominio implacable de las operaciones globales.

A contramano de esa tendencia, en la Argentina se afirma que las trabas a las importaciones son para crear y proteger el empleo de la mano de obra local. El fin es loable, pero la estrategia es cuestionada por muchos economistas, en un mundo donde lo que tiene éxito es la incorporación de un país en una cadena global de valor. Es decir, hacerse fuerte y competitivo en alguna tecnología determinada, y convertirse en proveedor mundial de ese eslabón.

Carlos Magariños, ex director de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, coincide con Jobs. Según comenta, las empresas nacionales que pasan a jugar a nivel internacional lo hacen a través de cadenas globales de valor. “La iPad es un buen ejemplo. Los norteamericanos desarrollan y tienen la regalía, pero los subcomponentes los fabrican en China y América Central”, explica. “Eso funciona así en todo el mundo.”

En todo el mundo… menos en la Argentina, donde se impulsa la industria nacional aun en aquellos productos donde el país no es especialista o no tiene ventajas respecto de sus competidores, como en celulares, electrodomésticos e indumentaria, entre otros.

Pero Fernando Grasso, director del departamento de estudios económicos de Adimra, la asociación de industriales metalúrgicos, disiente: “Tengo una valoración positiva de la administración del comercio. Creo que marca un rumbo adecuado en términos de realizar un uso más eficiente de las divisas, favoreciendo la integración nacional de las diversas cadenas de valor, la generación de valor y, en consecuencia, el crecimiento y la inversión”.

Magariños dice que la política de sustitución de importaciones de los 70 y 80 estaba diseñada para controlar la excesiva salida de divisas, por la caída en los términos de intercambio. “Pero hoy no es así, porque las clases medias emergentes en China y la India empujan el precio de nuestras materias primas. Las commodities agrícolas están altas y los bienes industriales pierden valor, por eso la lógica hoy es meterse en una cadena global de producción”, opina. La Argentina, sin embargo, parece estar iniciando el camino inverso.

Al inicio de la semana / Roberto Cachanosky
Supongamos que Ud. tiene una casa. Esa casa figura en el registro de propiedad a su nombre. Ud. cree que esa casa es de su propiedad. Pero supongamos que el gobierno decide si puede alquilarla o no, a qué precio puede alquilarla, a quién puede alquilar, cuánto tiempo puede alquilarla, si puede venderla o no e infinidad de otras restricciones. Bien, en ese caso la casa figurará a nombre suyo, pero no será de su propiedad porque el uso de la misma estará tan arbitrariamente restringido por el gobierno que el verdadero dueño de su casa será el Estado y no Ud. La propiedad estará a su nombre pero la disponibilidad de la propiedad estará en manos del Estado. Esto quiere decir que la propiedad privada no desaparece solamente cuando el Estado la confisca, sino que también desaparece, o se ve fuertemente limitada, cuando el Estado decide por Ud. sobre el uso de la misma.
Seguramente más de uno considerará que el siguiente párrafo es exagerado, pero Argentina está transitando el camino de la abolición de la propiedad privada cuando consideramos que la propiedad privada implica poder disponer libremente de ella.
Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una persona que trabaja y tiene cierta capacidad de ahorro. Por el fruto de su trabajo recibe un pago en pesos, fruto de su trabajo que le pertenece. Esos pesos son propiedad privada del trabajador, pero el Estado le condiciona o le prohíbe la compra de dólares dependiendo de lo que decida la AFIP. Cuando la gente compra dólares como forma de ahorro es porque considera que los pesos que emite el BCRA no sirven como reserva de valor. Lo que hace el trabajador es defender sus ahorros, que son el fruto de su trabajo, pero el Estado no se lo permite o lo limita. Y aquí no corre el tema del control impositivo porque para eso están las declaraciones juradas anuales de ganancias en las cuales cada uno de nosotros tenemos que explicarle a la AFIP si generamos o no ese ahorro que destinamos a la compra de dólares. Para la AFIP todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario, lo cual implica violar los derechos humanos, porque el gobierno, por no tener una moneda confiable, trata de frenar la compra de dólares destruyendo un principio jurídico que solo establecen las dictaduras: esto es. Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. En vez de emitir una moneda confiable, el gobierno destruye su reserva de valor y obliga a la gente a tener pesos y no le permite defender sus ahorros, que finalmente, al ser el fruto de su trabajo, también es propiedad privada. En definitiva, al limitarle el acceso a la defensa de sus ahorros, el gobierno le confisca parte de sus ahorros con el impuesto inflacionario.
Sigamos con el ejemplo del trabajador que, con el fruto de su trabajo, decide comprarse algún bien importado. El Estado ha decidido que no tiene derecho a usar el fruto de su trabajo cómo a Ud. mejor le plazca, sino que, por serios problemas cambiarios, el gobierno limita el uso de la propiedad privada, decidiendo que Ud. con su esfuerzo diario no tiene derecho a comprar un producto importado. Lo limitan a comprar productos nacionales que por calidad o precio Ud. no quiere adquirir. Es más, tal vez Ud. quiera comprar un producto importado porque simplemente se le da la gana. Bien, el Estado ha decidió que su propiedad privada, su salario, puede usarse solo en lo que el Estado lo permite.
También, el Estado le aplicará un impuesto a las ganancias para financiar los llamados “planes sociales”. Sin ajuste por inflación de los mínimos no imponibles, el Estado le quitará una parte creciente del fruto de su trabajo. Ud. no podrá decidir a quién desea ayudar con su salario. El Estado ha decidido que le va a quitar a Ud. parte de su trabajo para que, en cadena, la presidente decida a quién le da y a quien no le da. Digamos que hace “beneficencia” con el dinero ajeno. El gobierno considera que tiene el monopolio de la “beneficencia” y que el resto de los argentinos somos todos avaros que no estamos dispuestos a ayudar a nuestros semejantes. Claro, al autoproclamarse como el único que tiene el monopolio de la “beneficencia” nadie puede controlar a quién beneficia, porqué lo beneficia y para qué lo beneficia.
Como gran “invento” de política económica, el gobierno ha decidido conformar una comisión multisectorial que se encargará de analizar los balances de las empresas de todos los sectores, definir si sus gerentes ganan mucho o poco, analizar sus costos y utilidades y decidir si ganan mucho o poco. De esta forma, supuestamente, el gobierno tendrá los elementos para definir qué aumento de salarios deberá pagar el sector privado según los “concienzudos” cálculos de los burócratas de turno.
Primera reflexión que surge inmediatamente. Ante la requisitoria de saber cuánto gana el gerente de una empresa, la respuesta sería: ¿y a Ud. que le importa? Ud. está en el Estado para defender el derecho a la vida, a la propiedad y la libertad de las personas, no para meterse, tipo KGB o SS, a averiguar cuánto gana mis gerentes. Para eso está la AFIP que recibe las declaraciones juradas anuales.
Respuesta del funcionario: “pero yo tengo el 54% de los votos”. Respuesta: Y a mí que me importa. Nuevamente, ese 54% solo lo habilita a utilizar el monopolio de la fuerza para defender mi derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Ese 54% no le otorga poderes ilimitados para violentar los derechos individuales y el derecho de propiedad. No solo no lo habilita a violar los derechos del 46% que no la votó, sino que no lo habilita a violar el derecho de una sola persona. Ud. confunde método de elección con los derechos que le otorga ganar una elección. Primero están los derechos de las personas y los límites que tiene que tener el gobierno en el uso del monopolio de la fuerza, y luego está la forma de elección. Se lo digo más claro: la persona elegida no puede hacer un uso discriminado del monopolio de la fuerza. La forma de elegir es solo un mecanismo para ver quién administrará la cosa pública bajo las restricciones establecidas. Si quiere podemos cambiar el método y elegir al presidente tirando los dados, apostando a las cartas o arrojando una moneda al aire, pero lo que no está en debate son los derechos individuales, la propiedad privada y el derecho a la libertad y la vida. Esos derechos no pueden violarse ni con el 54% de los votos ni con el 99%.
Segundo punto económico. Esa comisión interministerial va a analizar los balances y decidirá qué aumento de salarios corresponde aplicar en base a las utilidades obtenidas por las empresas. Sería bueno recordarles a quienes integran esa comisión que los balances son historia. Que una empresa haya tenido utilidades “altas” no quiere decir que este año las vaya a repetir. Proyectar salarios futuros en base a utilidades empresariales pasadas es un disparate conceptual. Y mayor disparate es cuando estamos en un país en el que nadie puede hacer cálculo económico porque no tenemos moneda por efecto de la inflación y, encima, a un señor se le ocurre cambiar todo el tiempo las reglas de juego. ¿Quién puede definir la utilidad que va a tener este año si no sabe cuál será la carga tributaria que tendrá que afrontar, si podrá producir lo que espera producir porque en una de esas le prohíben importar insumos que le bajan la producción, le cortan la energía e infinidad de otras incertidumbres?
Si el gobierno quiere seguir el criterio de fijar salarios en base a utilidades de sus balances, lo primero que tiene que hacer es, como mínimo, bajarle el sueldo a los directivos de Aerolíneas Argentinas.
A la hora de fijar salarios por productividad, ¿qué salario le corresponde a Moreno por entorpecer la producción, destruir riqueza y disminuir la eficiencia de la economía Argentina?
Tercer punto, definir si una utilidad es alta o baja depende, entre otras cosas, del riesgo institucional en el cual se maneja la empresa. Si la arbitrariedad en las reglas de juego está a la orden del día, la incertidumbre institucional determina que el accionista le pida una tasa de rentabilidad muy alta a su inversión. Si el riesgo institucional es bajo, la tasa de rentabilidad que se le pedirá a la inversión será más baja.
El salario real se determina como cualquier otro precio de la economía. En un país en que se invierte mucho, se demanda mano de obra. La mayor demanda de mano de obra eleva los salarios. Si el BCRA no destroza la moneda generando inflación, la mayor demanda de mano de obra obligará a pagar más salarios para que el empleado no se vaya a otra empresa y elevará el poder de compra de los salarios. Por otro lado, si por cada trabajador aumenta el sotck de capital, su productividad mejora, hay más oferta de bienes en el mercado y más demanda de mano de obra con lo cual su salario real sube. Esta es la fórmula que no tiene atajos para la prosperidad no demagógica.
Como el gobierno no genera confianza para que haya inversiones, la productividad de la economía no crece y la demanda de trabajo hoy se mantiene en niveles cercanos a los de la crisis del 2002. Nadie quiere tomar una persona más en su empresa. A lo sumo reemplazará algún puesto de trabajo. Inflación, baja inversión y productividad hacen imposible que el salario real mejore. Dado que el gobierno no va a cambiar su rumbo intervencionista, lo que cabe esperar es que, en su desesperación por tratar de emparchar los líos que hace a diario, inevitablemente termine avanzando cada vez más sobre la propiedad privada.
Antes hablaba los salarios, una empresa hoy tiene que pedir permiso para importar, para girar utilidades, para comprar dólares, para exportar, para aumentar sus precios, para pagar importaciones y cuántas regulaciones más se le ocurra al gobierno. La realidad, les guste o no a los empresarios, es que han dejado de ser dueños de sus empresas. Solo se limitan a gerenciarlas en base a las pautas que le impone Moreno, pautas que responden a las necesidades políticas de Cristina Fernández.
Los accionistas de las empresas solo tienen a título nominal la propiedad de las mismas. El verdadero dueño es el Estado que les dice qué pueden y qué no pueden hacer con sus empresas, flujos, utilidades, estrategias comerciales, exportaciones, importaciones, los salarios que deben pagar, etc.
En síntesis, hoy Ud. con su salario, que es el fruto de su trabajo, solo puede comprar lo que le autorizan los burócratas de turno. Y Ud. con su empresa, solo puede hacer lo que le autorice a hacer el gobierno. La propiedad privada en Argentina está, como mínimo, limitada a los caprichos de los gobernantes.
Insisto, mi afirmación puede lucir exagerada cuando afirmo que la propiedad privada está bajo ataque. Si no me cree, espere un poco más y después hablamos.