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El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) insta a los integrantes del Estado en sus diferentes ámbitos a extremar los recaudos para que la aplicación de la legislación sobre la producción y abastecimiento de papel para diarios y de la denominada “ley antiterrorista” se realice sobre criterios que beneficien a la sociedad en su conjunto y no sobre la base de intereses particulares
Las normas sancionadas recientemente obligan a una actitud responsable para compaginar los objetivos internos trazados por legisladores y funcionarios con los compromisos internacionales de la Argentina. En el mismo sentido se inserta la obligación de los magistrados como supremos garantes de la legalidad de las disposiciones aprobadas por el Congreso y las decisiones puntuales adoptadas. Y también para exigir a las empresas remisas el cumplimiento de las leyes vigentes, muchas veces sistemáticamente violadas a partir de la debilidad del Estado en hacer cumplir las obligaciones y en cumplir con las suyas propias.
Es tan importante la calidad de las leyes como su aplicación. Hemos vivido en la Argentina experiencias (incluso recientes en la historia) donde las empresas manipulaban las leyes a su antojo o presionaban su aprobación; y otras donde los funcionarios las castigaban arbitrariamente o les daban beneficios desmedidos, que conspiraban contra la posibilidad de la sociedad de informarse adecuadamente. El articulado legal no puede ser letra muerta ni arma de guerra a disposición de los intereses de determinados sectores: debe ser fruto de una decisión madura y responsable del Estado, que supere la coyuntura de un momento puntual y se proyecte en el tiempo con equilibrio.
En este sentido, es sumamente preocupante la interpretación que el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, le dio a ciertas disposiciones de la llamada “Ley Antiterrorista”, que involucrarían a las opiniones vertidas a través de los medios de comunicación, una suerte de peligrosísima penalización de la opinión. FoPeA considera que el Estado debe tener herramientas efectivas y eficientes para evitar y reprimir acciones contra la democracia, pero que ellas no deben generar amedrentamiento social ni limitar la difusión de ideas. Ante la sanción de una norma con notorios vacíos e imprecisiones y posibles inconstitucionalidades en su texto, solicitamos que el Poder Ejecutivo convoque a distintos sectores de la sociedad civil que han expresado sus cuestionamientos sobre la ley en este y otros temas para elaborar una reglamentación que evite la desnaturalización de la idea original y de los principios que dice defender.
Acerca del mercado del papel para diarios, FoPeA realizó un relevamiento nacional sobre la provisión de este insumo básico para los medios gráficos, en el cual se detectó la existencia de una serie de problemas puntuales de abastecimiento que estarían mayormente vinculados con cuestiones económicas y financieras antes que con alianzas empresariales o políticas. La continuidad de la importación de papel del exterior sin costo arancelario ni restricciones aduaneras, es vista como una necesidad para que no se registre ninguna alteración interna en este rubro, como también que no se adopten criterios arbitrarios para la venta de la producción nacional. Abastecer más y mejor a los medios gráficos tiene que responder a la decisión de que haya un mejor periodismo y mayor accesibilidad del público a las diversas opiniones.
Toda ley debe ser aplicada de forma igualitaria, sin generar ninguna limitación a la libertad de expresión, derecho humano reconocido por los pactos internacionales superiores, que tienen rango constitucional en nuestro país. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) señala, por ejemplo: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” (*).
Al mismo tiempo, FoPeA insta a las empresas a no producir medidas de restricción laboral (reducción horaria o salarial, despidos, cesantías o alguna otra) que afecten a los periodistas, ya que cualquier ajuste en este rubro implicaría pérdida de calidad en la información que se da a la sociedad, punto fundamental de la defensa institucional de nuestra entidad.
FoPeA, en tanto foro plural de periodistas profesionales y profesores de periodismo de todas las tendencias, analizó estos temas desde perspectivas muy diferentes tanto dentro de su Comisión Directiva como por parte de sus socios de todo el país, todos con un probado compromiso con la profesión.
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