Argentina Actual

Por: Lourdes Rodríguez
Los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) votaron por unanimidad un informe con recomendaciones no vinculantes acordadas en un grupo de trabajo y tendientes a mejorar los mecanismos de acción de la Comisión Interamericana (CIDH). En su exposición, Uruguay, representado por el embajador itinerante Milton Romani, marcó distancia de tres puntos impulsados por Ecuador que ponen en peligro la continuidad de la realización de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Durante 2011 se conformó el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH que se puso a consideración del Consejo Permanente. Como el nombre lo sugiere, el objetivo era revisar todos los mecanismos de funcionamiento de la CIDH, como los criterios de aplicación de medidas cautelares y los procedimientos de elección del secretariado ejecutivo o de admisibilidad de casos.
El 13 de diciembre, en la reunión de cierre, Ecuador planteó que entre las recomendaciones del informe final se incluyeran seis puntos que en los hechos significaba, en palabras de Romani, “un intento de arrancarle la cabeza” a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Finalmente, se incluyeron tres de los seis puntos, pero las reacciones desde la sociedad civil organizada en diferentes países latinoamericanos no se hicieron esperar, incluyendo a Human Rights Watch.
En Uruguay, a través de un comunicado, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) solicitó al canciller Luis Almagro que nuestro país “no acompañe en la OEA una serie de recortes a las competencias y atribuciones” de la relatoría en planteos impulsados por Ecuador, ésta “no se podrá” volver a realizar, “no podrá recibir fondos provenientes de donaciones de países y organizaciones” y estaría sujeta a un “código de conducta”.
Esta relatoría fue creada en 1997 y a diferencia de las otras siete existentes, la Especial para la Libertad de Expresión está a cargo de una relatora con dedicación exclusiva designada por la CIDH. Esto le permite obtener financiamiento externo y en consecuencia emitir informes anuales de cada país en torno a la violencia contra periodistas, la criminalización de la libertad de expresión, la censura indirecta, el acceso a la información y la diversidad en el debate democrático.

Se vota
El informe del grupo de trabajo, con los tres puntos en cuestión incluidos, se presentó y se votó el miércoles 25 de enero durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada en Washington. En ese marco, Romani brindó un informe en el que Uruguay “dejó constancia” de que estas recomendaciones “pueden limitar las funciones y labores” de dicha relatoría y lograrán “quitarle visibilidad, impacto y trascendencia a este tema”.
En diálogo con la diaria, Romani, de vuelta en el país, destacó que Uruguay fue uno de los tres países que mantuvieron esta “postura terminante”, además de Panamá y Costa Rica. No obstante, acotó que durante la sesión “no hubo enfrentamientos” y que países como Nicaragua, que “se esperaba que intervinieran a favor de Ecuador, no lo hicieron”, y señaló como “un hecho llamativo” que Venezuela no interviniera en el debate.
“Hubo un intento de arrancarle la cabeza a la relatoría, pero para decirlo en términos futboleros hubo un empate y pelota al medio”, comparó. Romani recordó que las recomendaciones del informe no son obligatorias ni vinculantes para el Consejo Permanente de la OEA, aunque “tienen fuerza desde el punto de vista político”. A su vez, aclaró que Uruguay votó el informe ya que “se trabaja sobre el consenso”. El organismo no tiene plazos para pronunciarse pero se estima que el secretario general de la OEA, Miguel Ángel Insulza, presentará a la brevedad un informe de avance.
Uruguay toma esta “posición firme” ante la OEA, en momentos en que el Estado se enfrenta al cumplimiento de dos fallos adversos emitidos en 2011 por la Corte Intermericana de Derechos Humanos, el de Gelman y el de los ex ahorristas del Banco Montevideo. Sobre este punto Romani indicó: “Uruguay se la bancó y lo está aceptando. En el caso de Gelman, no lo vivimos como un estigma ni una piedra en el camino, lo interpretamos como una manera de resolver algunas cuestiones internas y de verlo como oportunidad para promover los derechos humanos”.

Armas, drogas y tío Sam
Luego de la votación del informe con recomendaciones, se produjo un encuentro de dos horas entre el embajador uruguayo e Insulza a instancias de este último. “A Insulza le pareció muy importante la postura de Uruguay”, trasladó Romani. Además del fortalecimiento del SIDH, los jerarcas abordaron el comercio ilícito de drogas y armas, y la relación de Estados Unidos y América Latina en estos dos aspectos. Con respecto a las drogas, Romani destacó que hubo acuerdo “en la necesidad de abrir un camino para detener el fenómeno”. “Hay preocupación de Estados Unidos de acercarse al tema, de asumir y aceptar definitivamente que la problemática es una responsabilidad compartida y no es exclusiva de los países productores. Y es una preocupación abrir un espacio de debates acerca de los modelos y estrategias para el combate de drogas, para que haya apertura a la discusión”, explicó. Añadió que en este contexto se hizo notar el “alto comercio” de armas del norte hacia los países sudamericanos. Consultado sobre las responsabilidades concretas de Estados Unidos, el jerarca uruguayo reparó en “los niveles de consumo” de ese país y en “los niveles de permeabilidad que tiene la frontera norteamericana para que entren drogas y salgan armas”. Durante el diálogo con la diaria, Romani cuestionó la crítica que se le hace a la hegemonía que Estados Unidos y Canadá tienen en el SIDH. “Debemos repensar hasta qué punto los países latinoamericanos no le regalamos en esa hegemonía al no ponernos de acuerdo para disputarla”, consideró.
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