Mala seguridad pública, buenos negocios
Categorías: Política
Hace más de 12 años que vengo estudiando, presentando proyectos y trabajos en congresos y formulando propuestas para la seguridad pública, la poca acogida que han tenido la mayoría de mis propuestas entre funcionarios políticos es proporcional al acogimiento de las mismas por parte de la gente. La razón de la poca aceptación de mis propuestas es necesariamente ideológica, fundamentalmente porque: considero la seguridad como algo más amplio que el ámbito del delito, porque asigno mas importancia al rol de la dirigencia política que al de las instituciones (policía incluida) y porque hacer algo implica tomar riesgos que afectan el “status quo” que pretenden los funcionarios políticos para sus gestiones, ya sea por una inherente incapacidad o por cobardía política. Lamentablemente, la falta de propuestas nuevas y originales perjudica a la gente que es víctima de delitos y a quienes se encuentran en situaciones de exclusión donde el delito se presenta como puerta de salida a sus problemas. Nada más que por esto continúo perseverando en mi estudio, mi análisis, la elaboración de trabajos y de propuestas.
Una causa de la falta de voluntad para lograr cambios en la situación de seguridad de la población es la vinculada con las ganancias que producen los negocios surgidos como consecuencia de la falta de seguridad pública. Por lo tanto la mayoría de los “expertos” que opinan sobre seguridad pública, están vinculados a empresas de seguridad privada y sus aseveraciones apuntan a acentuar la sensación de falta de respuesta de la policía, de las autoridades, el aumento del delito, de la violencia de los mismos y todo cuando contribuya a que el ciudadano común se sienta desprotegido, creándose la “demanda de seguridad”, que como el estado no la satisface, se canaliza en montones de opciones ofrecidas por empresas de ramo: desde puertas y vehículos blindados, alarmas, sistemas de monitoreo, vigilancia privada, custodias y una gran variedad de otros productos y servicios que hagan que la gente se sienta mas segura. Estas empresas, en conjunto, facturan más que el presupuesto público asignado a seguridad, por lo que podríamos hablar de un “impuesto a la seguridad”, que engrosa los bolsillos de empresas, cuyos titulares son mayoritariamente ex miembros de las fuerzas de seguridad. Se me plantea una doble duda, primero: si como integrantes de las fuerzas públicas de seguridad no pudieron impedir el crecimiento del delito, que me garantiza que lo harán desde el ámbito privado; y segundo: si como empresario privados pueden garantizar la seguridad de las personas, porque no lo hicieron cuando eran funcionarios públicos.
Independientemente de consideraciones sobre la conformación y la eficacia de los productos y servicios de la seguridad privada, la realidad de los números se impone sobre cualquier otro análisis. La facturación de las empresas privadas ronda los 10 mil millones de pesos anuales, según informa la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), mientras que el presupuesto nacional para todo el sistema penal, de seguridad interior y de inteligencia prevé para 2010, un total de 9.892 millones de pesos. Además el negocio crece a una tasa promedio del 4% anual. Ese negocio invierte en publicidad, y la mejor publicidad en la indirecta, la que generan los periodistas que presentan visiones apocalípticas y amarillistas de los delitos que se cometen y de las victimas, lo que contribuye a generar la “sensación de inseguridad” que aumenta la recaudación de las empresas privadas. Esto se suma a la falta de medidas eficaces por parte de las autoridades, la indolencia de algunos funcionarios, el aumento del tráfico de estupefacientes, el aumento de la exclusión social y un deficiente funcionamiento del sistema judicial y penitenciario. El cóctel de ineficacia oficial e interés privado producen la sensación de inseguridad que ve como alternativa la seguridad privada y peor aún, se construye un imaginario colectivo que descree del estado como garante de la seguridad pública.
Este fenómeno de sensación de inseguridad y búsqueda de formas de garantizarla, ha llegado hasta esferas donde nunca pensé que se plegarían al imaginario colectivo antes mencionado. Un caso paradigmático es el “PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS”, elaborado por la Secretaría Técnica de la Universidad nacional del Sur. En este plan se comenten errores de todo tipo, los errores técnicos son excusables dado la falta de competencia y experiencia de la mayoría de los funcionarios académicos en esta área, pero lo inexcusable es la falta de un análisis lógico de las causas y de las estrategias a utilizar al proponer medidas para garantizar la seguridad, cayendo en lugares comunes que favorecen la sensación de inseguridad que lleva a la contratación de servicios privados de seguridad.
Al darle un vistazo a este proyecto podremos tener una idea de cómo se alteran conceptos elementales de sentido común y como se tiende a subestimar la contribución del estado (que aunque esté ausente no justifica el no hacer el reclamo correspondiente) en beneficio de la seguridad privada. El primer elemento que surge de la lectura del estudio es la magnificación y exageración de lo hechos delictivos ocurridos y el empleo del miedo como argumento de presión sobre los docentes con equipos a su cargo. Si analizamos estos dos conceptos, vemos primero: que se habla de hurto, robo y asalto, cuando solo hubo casos de hurto y robo, la mención del robo no corresponde o se realiza con el propósito de generar miedo; segundo: la cantidad de hechos señalados en relación al patrimonio existente es ínfima, y no superaría los estándares de cualquier compañía de seguros; y tercero: el personal docente no tiene porqué tener responsabilidad alguna sobre los bienes públicos, salvo aquellos que emerjan del uso de los mismos para las funciones específicas, pero la seguridad de los mismos debe estar a cargo de funcionarios académicos y no de docentes que en definitiva son empleados del estado que no tienen porque asumir responsabilidad alguna por posibles robos o hurtos de los elementos que usan (extraña la poca atención que los sindicatos docentes prestaron a este punto).
Otro elemento que llama la atención en el estudio, es la limitación que se propone al uso del espacio público, ya que la universidad es un organismo público al que se supone que todo el mundo tiene libre acceso, para restringir este acceso deberíamos aceptar que la universidad no es pública, la identificación de las personas que acceden a la universidad también supone una limitación de acceso no justificada por razones de trabajo o uso de instalaciones y delegar en una empresa de seguridad privada dicha tarea poner a la universidad en la misma condición de una empresa privada, que tienen el derecho de admisión a su propiedad, esta “privatización” del acceso supone violar el mismo derecho que se violaría con el arancelamiento de la educación, poniendo lo público a nivel de lo privado. Algunos otros interrogantes me surgen, si alguien intentara entrar y un guardia de seguridad lo retiene contra su voluntad en un espacio público, no estaría cometiendo el delito de privación ilegal de la libertad y no sería la universidad que le ordenó hacerlo cómplice de dicho delito. Descuento que el personal de maestranza no aceptaría realizar dichos controles ya que su función no es el control del personal docente y alumnos, sino el mantenimiento de las condiciones de uso de las instalaciones, y se arriesgaría a recibir agresiones o presiones laborales en represalia.
Algunas cuestiones técnicas, como las medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones, los medios que se utilicen para limitar el acceso (debe recordarse que no puede impedirse el acceso, salvo que se cierre por razones de horario o de feriados) y que los medios que se empleen para limitar el acceso no pueden producir daño a quien quiera atravesarlo (existe responsabilidad legal sobre los daños que se pudiera causar), la cantidad de CCT, el monitoreo, la intervención en caso de robo (si al intentar impedir la salida de las instalaciones o requisar algún elemento, un guardia o mayordomo es herido o muerto, quien se hace responsable), la capacidad de requisa, los sistemas de alarma ante intrusión, la iluminación y otros elementos mal considerados y expuestos sin un análisis que justifique su implementación. En síntesis no se aprecia que en dicho estudio haya un análisis detallado “in situ” para justificar las medidas que se proponen.
La última consideración sobre el informe más que algo en concreto es la suma medidas que justifican la contratación de la seguridad privada, como ser: los CCT, las alarmas, el personal de seguridad privada o los servicios de monitoreo y la falta de propuestas alternativas que surjan de instituciones del estado como la policía o el propio ministerio de educación, aunque creo que dicha omisión es parte de las “desculturización en seguridad” que evidentemente favorece el negocio privado.
Una causa de la falta de voluntad para lograr cambios en la situación de seguridad de la población es la vinculada con las ganancias que producen los negocios surgidos como consecuencia de la falta de seguridad pública. Por lo tanto la mayoría de los “expertos” que opinan sobre seguridad pública, están vinculados a empresas de seguridad privada y sus aseveraciones apuntan a acentuar la sensación de falta de respuesta de la policía, de las autoridades, el aumento del delito, de la violencia de los mismos y todo cuando contribuya a que el ciudadano común se sienta desprotegido, creándose la “demanda de seguridad”, que como el estado no la satisface, se canaliza en montones de opciones ofrecidas por empresas de ramo: desde puertas y vehículos blindados, alarmas, sistemas de monitoreo, vigilancia privada, custodias y una gran variedad de otros productos y servicios que hagan que la gente se sienta mas segura. Estas empresas, en conjunto, facturan más que el presupuesto público asignado a seguridad, por lo que podríamos hablar de un “impuesto a la seguridad”, que engrosa los bolsillos de empresas, cuyos titulares son mayoritariamente ex miembros de las fuerzas de seguridad. Se me plantea una doble duda, primero: si como integrantes de las fuerzas públicas de seguridad no pudieron impedir el crecimiento del delito, que me garantiza que lo harán desde el ámbito privado; y segundo: si como empresario privados pueden garantizar la seguridad de las personas, porque no lo hicieron cuando eran funcionarios públicos.
Independientemente de consideraciones sobre la conformación y la eficacia de los productos y servicios de la seguridad privada, la realidad de los números se impone sobre cualquier otro análisis. La facturación de las empresas privadas ronda los 10 mil millones de pesos anuales, según informa la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), mientras que el presupuesto nacional para todo el sistema penal, de seguridad interior y de inteligencia prevé para 2010, un total de 9.892 millones de pesos. Además el negocio crece a una tasa promedio del 4% anual. Ese negocio invierte en publicidad, y la mejor publicidad en la indirecta, la que generan los periodistas que presentan visiones apocalípticas y amarillistas de los delitos que se cometen y de las victimas, lo que contribuye a generar la “sensación de inseguridad” que aumenta la recaudación de las empresas privadas. Esto se suma a la falta de medidas eficaces por parte de las autoridades, la indolencia de algunos funcionarios, el aumento del tráfico de estupefacientes, el aumento de la exclusión social y un deficiente funcionamiento del sistema judicial y penitenciario. El cóctel de ineficacia oficial e interés privado producen la sensación de inseguridad que ve como alternativa la seguridad privada y peor aún, se construye un imaginario colectivo que descree del estado como garante de la seguridad pública.
Este fenómeno de sensación de inseguridad y búsqueda de formas de garantizarla, ha llegado hasta esferas donde nunca pensé que se plegarían al imaginario colectivo antes mencionado. Un caso paradigmático es el “PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS”, elaborado por la Secretaría Técnica de la Universidad nacional del Sur. En este plan se comenten errores de todo tipo, los errores técnicos son excusables dado la falta de competencia y experiencia de la mayoría de los funcionarios académicos en esta área, pero lo inexcusable es la falta de un análisis lógico de las causas y de las estrategias a utilizar al proponer medidas para garantizar la seguridad, cayendo en lugares comunes que favorecen la sensación de inseguridad que lleva a la contratación de servicios privados de seguridad.
Al darle un vistazo a este proyecto podremos tener una idea de cómo se alteran conceptos elementales de sentido común y como se tiende a subestimar la contribución del estado (que aunque esté ausente no justifica el no hacer el reclamo correspondiente) en beneficio de la seguridad privada. El primer elemento que surge de la lectura del estudio es la magnificación y exageración de lo hechos delictivos ocurridos y el empleo del miedo como argumento de presión sobre los docentes con equipos a su cargo. Si analizamos estos dos conceptos, vemos primero: que se habla de hurto, robo y asalto, cuando solo hubo casos de hurto y robo, la mención del robo no corresponde o se realiza con el propósito de generar miedo; segundo: la cantidad de hechos señalados en relación al patrimonio existente es ínfima, y no superaría los estándares de cualquier compañía de seguros; y tercero: el personal docente no tiene porqué tener responsabilidad alguna sobre los bienes públicos, salvo aquellos que emerjan del uso de los mismos para las funciones específicas, pero la seguridad de los mismos debe estar a cargo de funcionarios académicos y no de docentes que en definitiva son empleados del estado que no tienen porque asumir responsabilidad alguna por posibles robos o hurtos de los elementos que usan (extraña la poca atención que los sindicatos docentes prestaron a este punto).
Otro elemento que llama la atención en el estudio, es la limitación que se propone al uso del espacio público, ya que la universidad es un organismo público al que se supone que todo el mundo tiene libre acceso, para restringir este acceso deberíamos aceptar que la universidad no es pública, la identificación de las personas que acceden a la universidad también supone una limitación de acceso no justificada por razones de trabajo o uso de instalaciones y delegar en una empresa de seguridad privada dicha tarea poner a la universidad en la misma condición de una empresa privada, que tienen el derecho de admisión a su propiedad, esta “privatización” del acceso supone violar el mismo derecho que se violaría con el arancelamiento de la educación, poniendo lo público a nivel de lo privado. Algunos otros interrogantes me surgen, si alguien intentara entrar y un guardia de seguridad lo retiene contra su voluntad en un espacio público, no estaría cometiendo el delito de privación ilegal de la libertad y no sería la universidad que le ordenó hacerlo cómplice de dicho delito. Descuento que el personal de maestranza no aceptaría realizar dichos controles ya que su función no es el control del personal docente y alumnos, sino el mantenimiento de las condiciones de uso de las instalaciones, y se arriesgaría a recibir agresiones o presiones laborales en represalia.
Algunas cuestiones técnicas, como las medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones, los medios que se utilicen para limitar el acceso (debe recordarse que no puede impedirse el acceso, salvo que se cierre por razones de horario o de feriados) y que los medios que se empleen para limitar el acceso no pueden producir daño a quien quiera atravesarlo (existe responsabilidad legal sobre los daños que se pudiera causar), la cantidad de CCT, el monitoreo, la intervención en caso de robo (si al intentar impedir la salida de las instalaciones o requisar algún elemento, un guardia o mayordomo es herido o muerto, quien se hace responsable), la capacidad de requisa, los sistemas de alarma ante intrusión, la iluminación y otros elementos mal considerados y expuestos sin un análisis que justifique su implementación. En síntesis no se aprecia que en dicho estudio haya un análisis detallado “in situ” para justificar las medidas que se proponen.
La última consideración sobre el informe más que algo en concreto es la suma medidas que justifican la contratación de la seguridad privada, como ser: los CCT, las alarmas, el personal de seguridad privada o los servicios de monitoreo y la falta de propuestas alternativas que surjan de instituciones del estado como la policía o el propio ministerio de educación, aunque creo que dicha omisión es parte de las “desculturización en seguridad” que evidentemente favorece el negocio privado.
