Argentina Actual

Estaba escribiendo la segunda parte del artículo “Mentiras Verdaderas”, cuando leí un artículo que decía: “Si me traen una propuesta mejor, sin dejar de cumplir con las políticas sociales ni las obras de infraestructura necesarias, les juro que la pongo en marcha”, propuso la Presidenta de la Nación a la oposición el jueves último, por cadena nacional. Realmente la frase me sorprendió, no por la racionalidad de la propuesta, sino por el contenido implícito de la misma.

Se supone que un presidente, es asesorado por expertos, que ponen a su consideración un abanico de soluciones posibles para que este evalúe el cuso de acción que mejor se adapte a los lineamientos políticos que está imprimiendo a su gestión. La frase de la presidenta, que creo que no fue una expresión desafortunada o impensada, supone que la solución propuesta es única, y dado que en las competencias que exhibe la señora presidenta no están las económicas, solo cabe suponer que no solo la medida llevada adelante por el gobierno es la mejor, sino la única. Esto es lo que me asombra, que se reconozca que no hay otra opción, y que, de haber otra mejor se la llevaría adelante; lo que equivale a reconocer que los expertos que asesoran a la presidenta no son capaces de presentarle otras alternativas viables.

Creo que en las actuales circunstancias, la gravedad de la situación a que se ha llegado, tanto por la intransigencia del gobierno y de la oposición, amerita la búsqueda de soluciones consensuadas que permitan que se cumplan los tres objetivos que ha planteado el gobierno, y que la oposición no ha negado: el cumplimiento de los compromisos de pago de la deuda externa, la ejecución del presupuesto 2010 sin déficit; y el mantenimiento de los fondos destinados a asistencia social, la promoción de la actividad económica y los fondos destinados a educación y salud.

Antes de continuar con el análisis político de este tema, permítanme hacer un análisis económico muy simple de estos tres puntos. El cumplimiento de pago de los compromisos externos implica mantener la opción de contar con una fuente de financiamiento externo, tanto del déficit fiscal, como de proyectos de gobierno. De incumplir estos pagos, la única fuente de financiamiento con las que contaría el gobierno serían las reservas, lo que lleva a pensar que tanto se pague o no los compromisos externos, siempre será necesario utilizar las reservas para poder mantener un presupuesto sin déficit. Esto no lleva al segundo objetivo, de mantener sin déficit el presupuesto 2010. En este caso, la caída real de la actividad económica, a pesar de los artilugios estadísticos con que quiera disimulársela, provocará una menor recaudación en términos reales, sobre la estimada en el presupuesto 2010, con lo cual habrá que ajustar partidas o financiar con otros fondos las áreas del presupuesto que no se quiera recortar. El uso de reservas para el pago de compromisos externos, libera fondos del presupuesto 2010, que pueden aplicarse a cubrir la menor recaudación que habrá en términos reales. Por lo tanto, la opción del uso de reservas evitaría también, como lo vimos en le caso anterior, el déficit fiscal. El tercer objetivo, respecto a no recortar fondos de fomento de la actividad económica, los planes sociales, la educación y la salud, creo que no merecen discusión, pues la situación económica mundial luego de la crisis financiera norteamericana, donde se ha reconocido que sus efectos todavía perduran y perdurarán; y la situación social de millones de excluidos en el país, no resiste el menor análisis sobre su necesidad. Pero estos argumentos siguen una línea de pensamiento a la que se ajustan, tanto la posición del gobierno como de la oposición, cayendo en una trampa ideológica, típica del pensamiento neoliberal.

La trampa ideológica supone: en primer lugar la legitimidad de la deuda, en segundo lugar la limitación de los recursos disponibles a los presentados en la ley de presupuesto 2010, como si este representara mas una restricción a la acción de la política económica, que un programa de acción modificable según cambien las condiciones sobre las cuales se trazaron los cursos de acción; por último tanto el gobierno como la oposición suponen que las accionen que se propongan tienen al propio beneficio político. Dejo de lado la legitimidad de la deuda, dado que su tratamiento, requiere un análisis mas profundo y asumo por simplicidad de análisis y no por convicción, la necesidad y urgencia del pago de los compromisos incluidos en el presupuesto 2010.

Visto entonces que; existe una crisis grave, que más que al gobierno o a la oposición, afectará a la mayoría de la gente; que se discute en términos de conveniencia política y no de acciones alternativas que permitan una mejor solución y que tanto oposición como gobierno se han cerrado en opciones que beneficia ideologías neoliberales que no persiguen el desarrollo económico del país y la mejora de las condiciones sociales existentes. Estoy por lo tanto, convencido que la opción de los militantes políticos debe ser la de proponer soluciones alternativas a las ya planteadas, de modo de abrir un debate mas amplio, que contenga los problemas que he planteado, pero que no se limiten a ellos, para no caer en la trampa ideológica que mencioné.

Como síntesis, y para contribuir desde mi modesta opinión, les propongo una solución alternativa, como invitó a hacer la señora presidenta. Mi solución parte de considerar que el problema está en las fuentes de financiamiento del presupuesto 2010, donde la recaudación impositiva no alcanza a muchos sectores hasta hoy exentos de pagar tributos, como lo es el sector financiero, también existen sectores que gozan de beneficios que no se condicen con sus niveles de rentabilidad. De incluirse el pago de impuestos y el ajuste (o la supresión) de subsidios, como opciones para generar mayores ingresos en el presupuesto 2010, estas dos fuentes de recursos generarían mas de los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos externos y aumentar los recursos destinados a promover la actividad económica y la asistencia social. Otro recurso adicional, que podría utilizar el gobierno, es el control de la remisión de fondos al exterior, que debería ser restringido a un porcentaje del capital invertido y de las ganancias obtenidas, e incluso se podría condicionar el giro de remesas al exterior a la presentación de la declaración de estas remesas en las oficinas de impuestos de los países de origen. Esta medida podría generar stocks de capitales de inversión que posibiliten la generación de nuevos emprendimientos productivos, sobre todo si se grava su tenencia improductiva. Si creen que estas medidas surgen de mi ideología de izquierda, lamento desilusionarlos, la propuesta de gravar activos y beneficios financieros está vigente en EEUU, la limitación a la remisión de fondos al exterior, está vigente en países como Chile y Brasil; y la reducción de beneficios a empresas con altos niveles de rentabilidad se aplica en casi todos los países de la Unión Europea.

No creo que esta propuesta, sea original o enteramente realizable, pero si todos comenzamos a generar propuestas, finalmente la discusión de políticas que nos afectan a todos, será amplia y se podrán encontrar vías de solución en la que las mayorías políticas coincidan, sin perjudicar a la gente de a pie. Quizás en este caso sea más necesaria la opinión de un almacenero honrado que la de un experto en economía, como decía e general.