200 MILLONES PARA REPARTIR ENTRE LOS AMIGOS DEL GOBIERNO
Por Gabriel Calisto y Leandro Romero
La inseguridad sigue siendo un problema en la Provincia y el país, pero también un gran negocio, en el que los grandes empresarios tienen sus ojos puestos.
Tres grandes empresas se disputan los municipios del conurbano y algunos del interior bonaerense. El motivo: conseguir la adjudicación de la instalación y mantenimiento de sistemas de vigilancia, principalmente cámaras y equipos de seguimiento satelital (GPS).
Se trata de Global View; Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), de la multinacional Telefónica; y Ubik2, una firma cuyos propietarios fueron señalados como cercanos al kirchnerismo. Su titular, Rodrigo?Campbell, ocupa el sillón de la vicepresidencia de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación. Su empresa opera en Ezeiza, uno de los primeros distritos donde la compañía se asentó, Ituzaingó y Florencio Varela.
Telefónica, a través de sus firmas Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), y Motorola, logró instalarse en Avellaneda, Ensenada y Florencio Varela, entre otros.
La tercera compañía es Global View, que pertenece al ex montonero devenido en empresario de seguridad Mario Montoto, que además tiene Codesur, firma que está vinculada a varias empresas israelíes y compañías norteamericanas.
Codesur maneja toda la vigilancia electrónica de la Capital Federal.
Montoto es un empresario que supo aprovechar el mercado y pudo vender su servicio a unos diez municipios bonaerenses adheridos al Plan Nacional de Protección Ciudadana.
Conjuntamente, sus empresas trabajan en la venta de chalecos y otros insumos a los Estados nacional y provincial, y realizan distintas tareas para el Ministerio de Defensa.
Las cifras indican que cada tres días un bonaerense muere en un asalto, y se cometen 330 robos por mes, es decir, 11 por día, y cinco de éstos con armas de fuego. Por esta razón, la vigilancia del territorio bonaerense resulta clave para un plan de seguridad, pero también genera un negocio millonario para los empresarios que consigan afianzar su relación con los caudillos comunales.
Los empresarios admiten recorrer los municipios ofreciendo sus servicios y buscando oportunidades para mejorar sus chances de resultar ganadores de la adjudicación de las cámaras. De distintas maneras, sus lobbies parecen dar resultados, ya que entre las tres firmas manejan casi la totalidad de las instalaciones de los equipos de vigilancia y la confección y mantenimiento del servicio.
Los fondos del Gobierno nacional se entregan por etapas, mientas los intendentes rinden cuentas de sus decisiones y muestran los resultados de las primeras inversiones.
Sin embargo, a raíz del crecimiento de la inseguridad y del problema político que significa, varios jefes comunales decidieron dar una aplicación exprés al plan.
De esta manera, algunos distritos contrataron a las compañías para que directamente realizaran un breve estudio e instalaran en sus municipios las cámaras. Luego, se les paga el alquiler de las mismas y el mantenimiento de la red de fibra óptica necesaria para conectarlas al centro de monitoreo. Campana y Lomas de Zamora son dos ejemplos de este caso, controlados por Global View.
En este sistema el máximo beneficio es para la empresa, que presta un servicio sin perder su material y se asegura el pago del municipio mensualmente.
Las cámaras serán instaladas en más de treinta comunas, principalmente del Conurbano, y se conectarán mediante una red inalámbrica de fibra óptica a los Centros de Monitoreo Urbano, donde se coordinarán con la policía las filmaciones recibidas.
La iniciativa plantea un doble control a través de las cámaras: por un lado, el de las filmaciones de hechos delictivos, para identificar y tener documentados a los delincuentes, y por el otro, el control de la ciudadanía sobre el accionar policial.
A pesar de esto, los expertos señalan que la tecnología sin un plan integral y un uso inteligente no será suficiente para reducir el nivel criminal que se vive en las calles.
Cerca de 400 millones de pesos fueron anunciados para mejorar la seguridad en el Plan Nacional de Protección Ciudadana, en marzo de 2009.
De esa cifra, más de 200 millones son para que todos los municipios adquieran en total 5.000 cámaras, 1.500 GPS –que representa 5,4 millones de pesos de gasto– y 27 millones para la compra de celulares que son destinados a los patrulleros y miembros de los foros de seguridad.
Además, la incorporación de 4.000 policías retirados, que insumirán 137 millones, y la compra de 500 patrulleros, por 25 millones más.
Los municipios más codiciados por las firmas de aparatos de seguridad son los más populosos, ya que en esos distritos las necesidades políticas exigen soluciones inmediatas, y los recursos destinados son mayores.
En distritos como Berazategui, Tigre, La Plata y Pilar, sólo por la instalación de cámaras se repartirán más de 28 millones de pesos, sumando los municipios.
El distrito de Sergio Massa fue tomado como modelo para el plan nacional, y las cámaras y equipos de vigilancia son manejados por Global View.
Mientras que en Berazategui la empresa Axis Comunicaciones, que responde a Motorola, ya instaló más de 130 cámaras y se planea llegar hasta las 200 unidades.
En La Plata la licitación aún no se realizó, ya que por un conflicto político la intendencia no estaría recibiendo los fondos prometidos, pero los empresarios igualmente se acercaron a dialogar con el intendente Bruera, por si cambia el panorama. A pesar del retraso en el envío de los fondos del Gobierno nacional, la capital provincial tiene instaladas más de 30 cámaras, con un centro de monitoreo propio.
Sin embargo, muchos municipios recibirán no más de 3 a 5 millones para la instalación de equipos de seguridad, distribuyendo entre 20 y 60 cámaras.
Entrega del servicio: lobbies, contactos y licitaciones sospechosas
Algunos jefes comunales se recostaron sobre los foros vecinales de seguridad o crearon comisiones especiales para destinar los equipos adquiridos, aunque muchos optaron por buscar asesoramiento por parte de la Universidad Tecnológica Nacional. Incluso pocos intendentes reconocieron que los técnicos colaboraron en el diseño de los pliegos de licitación.
Curiosamente, casi la totalidad de los municipios asistidos por la UTN resolvieron contratar los servicios de Global View, de Montoto.
El empresario ya tuvo negocios con dicha casa de estudios, con el mantenimiento de los sistemas de vigilancia para la gestión de Macri.
Incluso una de las empresas norteamericanas que trabajan con el ex montonero mantendría un convenio de capacitación con la universidad para que sus estudiantes aseguren su salida laboral.
Otros intendentes eligieron comprar las unidades, pero igualmente deben pagar a la empresa seleccionada el gasto del mantenimiento.
Algunos optaron por distintas maneras de licitar las compras, con el fin de otorgar mayor transparencia a la elección, y también buscar mejores costos. Aquí las necesidades políticas chocan contra los plazos que se requieren para efectuar una licitación de la manera más beneficiosa para el municipio.
La opción que más tiempo lleva y menor costo trae a la intendencia es la de la licitación “parte por parte”, que consiste en realizar varios llamados para cada elemento necesario (cámaras, instalación del centro de monitoreo, fibra óptica y mantenimiento de la red). Esto permite que las pujas por quedarse con el negocio sean de montos bajos, fomentando así el ingreso de empresas de menores recursos y renombre. Estos son los casos de Morón y de Tres de Febrero, donde todavía no realizó el llamado a licitación oficialmente.
No obstante este dato, la mayoría de los municipios eligen la licitación denominada “llave en mano”, que consiste en armar todo el paquete de elementos necesarios para poner en marcha el servicio. Esto es más rápido y suele ser elegido por los municipios más populosos del Gran Buenos Aires, cuyo nivel de delito es mayor.
Es aquí donde empiezan a notarse los intereses generados, y la avidez de los empresarios por hacerse del botín, ya que las licitaciones en muchos casos incluyen cláusulas que favorecen a las grandes firmas.
Por caso, trascendió que en La Matanza el pliego de la licitación habría previsto repartir la suma de 50 puntos necesarios para que las empresas pudieran presentarse, dividido en tres ítems:
a) antecedentes de haber trabajado con otros municipios,
b) características del software, y
c) antecedentes de instalación de equipos de GPS.
De estos tres requisitos, el primero otorga 30 puntos, resultando excluyente, ya que los otros dos, sumados dan 20 puntos. De esta manera, una empresa que ya haya sido contratada en otras intendencias tiene la licitación prácticamente asegurada.
Por último, también está la posibilidad de realizar la adquisición del servicio por compra directa, sin llevar a cabo ningún llamado a licitación, algo que los jefes comunales suelen hacer.
A medida que avanza el tiempo, los intendentes comienzan a dudar sobre los beneficios de la instalación inmediata, y se plantean la necesidad de repensar las licitaciones, mientras retrasan las compras para negociar en profundidad el servicio que se prestará y cómo será el mantenimiento, una preocupación que habría aumentado a partir de algunas fallas en los sistemas ya instalados.
Las empresas y sus distritos
- Global View: Pertenece a Mario Montoto, pionero en el mercado del control por videocámaras. Es la empresa que más contrataciones tuvo en la Provincia. Opera en Lomas de Zamora (contratación directa), Tigre, Campana (contratación directa) y Escobar, entre otros.
También podría quedarse con el negocio en Lanús y Mar del Plata.
A través de Codesur, otra de sus empresas, el ex montonero realiza negocios en Capital Federal y distintas tareas para los ministerios de seguridad de Provincia y Nación, como así también para el ministerio de Defensa.
- Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS): La compañía Telefónica ingresó en el negocio de vigilancia por cámara recién este año.
Ganó la licitación en Avellaneda, donde colocó 120 cámaras (mitad fijas y mitad móviles). También trabaja para los municipios de Berazategui y Florencio Varela. La empresa quiere ampliar el mercado en Almirante Brown, Merlo y Tres de Febrero. Conectia Wireless, de Motorola, ganó la licitación en Ensenada.
- Ubik2: Apareció en el mercado el año pasado y está dirigida por dos jóvenes empresarios: Rodrigo Campbell y Cintia Madeira Ciotta.
Opera en los municipios de Ezeiza, Ituzaingó y La Costa.
- Megatrans: Actualmente la empresa todavía hace el seguimiento de casi 5.000 patrulleros de la Policía bonaerense, pero quedó afuera en la contratación del nuevo equipamiento. Solamente opera en Morón.
- Grupo Servicios Junín: La empresa radicada en la localidad de Junín opera en el distrito a través del sistema de videocámaras. No se llamó a licitación, sino que se hizo por compra directa.
Qué dicen los expertos: El debate
A pesar de ser una herramienta importante, los expertos señalan que en caso de no ser empleadas con el conocimiento y la preparación necesarios, los sistemas de vigilancia no aportarán mayores resultados. Así lo señalaron los dirigentes de las empresas que hoy asisten a los municipios, quienes en muchos casos no hicieron estudios necesarios para instalar las filmadoras.
Juan José Rivademar, director del Centro de Monitoreo Público de La Plata, explica a Desafío Económico que:
“Es necesario que cada municipio tenga un plan y se asesore antes de elegir a la compañía. Porque al empresario le puede convenir vigilar solamente la zona céntrica, porque es más barato de mantener y de conectar, pero quizás lo necesario sea también llegar a las periferias. También es importante pensar en conectar los distintos barrios, y los puntos clave de cada zona, como bancos, escuelas e hipermercados”.
El debate para que la ciudadanía conozca lo que se está haciendo, sepa que es un doble control también hacia el accionar policial, es otra discusión necesaria.
“Si de golpe se instalan sistemas de vigilancia sin destacar que no se invade la privacidad, que se puede visitar y recorrer el centro de monitoreo, que quienes observan los monitores son civiles… entonces la gente no participa y desconfía”.
También es importante conocer la tecnología a aplicar, ya que muchos distritos eligen un paquete que propone una empresa.
“Esto es vital, porque en muchos lugares se instalan cámaras fijas, y lo necesario para vigilancia ciudadana son las ‘domo’, que pueden rotar y realizar seguimientos. No es lo mismo pensar en la vigilancia de una casa o empresa que una ciudad. La mayoría de los municipios tiene un porcentaje que supera el 50% de cámaras fijas, eso no ayuda para nada”, cierra Rivademar.
Las preocupaciones de los Municipios
Con el correr del tiempo, varios jefes comunales notaron que la entrega directa no era buena idea, y que el asesoramiento resulta clave.
Los intendentes de Berisso y Tres de Febrero, como también de Ensenada, aseguran a Desafío Económico que su preocupación principal es coordinar la posinstalación. Es decir, el mantenimiento y las modificaciones que el Municipio considere necesarias para optimizar el recurso.
Otra de las quejas más frecuentes pasa por la tardanza en recibir los fondos. En municipios como Quilmes y La Plata el dinero no llegó, por distintas razones. En la ciudad cervecera los ediles de la oposición pidieron informes respecto de los motivos de la tardanza en la implementación del sistema.
En otros distritos la distribución de los equipos es el problema. Destinar cámaras para custodiar hospitales, supermercados o la nocturnidad, es el debate.
Desde Escobar señalan que el pago de la instalación se hará en cuotas, para asegurarse la continuidad en la relación con la empresa. “No queremos volvernos locos como otros municipios, que instalaron las cámaras a las apuradas y hoy no saben cómo hacer el mantenimiento”, señala el jefe de gabinete comunal.
Fuente: http://www.desafioeconomico.com/noticia_detalle_1.php?noticia_id=3217